Uno de los acusados por estafas tiene 39 inmuebles a su nombre y ya le remataron uno por $115 millones

Rubén Martín González, quien está siendo investigado por cometer estafas con inmuebles, cuenta con 39 propiedades a su nombre, según confirmaron fuentes con acceso a informes del Registro Inmobiliario. Todas se encuentran embargadas no sólo por la investigación penal en su contra, en la que ya acumula más de 100 denuncias, sino, también, por las medidas que han dictado los titulares de los nueve juzgados Civiles, en los que enfrenta 21 demandas, aseguraron. En ese contexto, uno de los tribunales Civiles ya le subastó un inmueble, por el que un comprador pagó 115 millones de pesos, los que irán a cubrir la sentencia que obtuvo otro demandante que, principalmente, fue el primero que consiguió el embargo preventivo.

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El tema de las propiedades es clave, ya que los denunciantes en sede penal y demandantes en el fuero Civil lo que buscan es recuperar la plata que pusieron para comprarle una vivienda a Martín González, quien, finalmente, no cumplió con lo pactado y todo quedó en la nada. Esa es la mecánica, en líneas generales, debido a que en la investigación penal se están evaluando otras modalidades y otras presuntas maniobras delictivas.

Entonces, una de las formas de obtener recursos es a través del remate de sus bienes para que puedan cobrar los acreedores. Ahí, en la vía penal, está la chance de una reparación integral del daño, lo que implica una propuesta de reintegro de dinero a los damnificados, la que, si tiene el aval del fiscal y el juez, se extingue la causa y el imputado evita una eventual condena penal. El otro camino es el Civil, en el que los damnificados tienen que conseguir un embargo preventivo de los bienes del implicado, una sentencia firme y la subasta del inmueble.

Martín González no es el único que está en la mira de la Justicia, dado que también está imputada su exsocia y expareja, Denis Robles, quien, a su vez, tiene 7 inmuebles a su nombre, revelaron las fuentes. Incluso, agregaron que ambos comparten la titularidad en algunos de ellos.

En la causa penal, los dos gozaban de la prisión domiciliaria que les había dictado el juez Roberto Montilla, quien, a su vez, está siendo investigado, en otro expediente, por tratar de mejorar la situación de detención de una persona. Tras una recusación, el magistrado aceptó apartarse y, durante una audiencia esta semana, la jueza Silvina Rosso de Balanza les revocó el beneficio a Martín González y a Robles y les dictó prisión preventiva por dos meses, por lo que fueron trasladados al Penal de Chimbas.

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Así como se han ido sumando las denuncias por estafa contra Robles y Martín González, lo mismo ha ido sucediendo con las demandas por incumplimiento de contrato, las que, incluso, son anteriores a la causa penal.

De acuerdo a las fuentes, Martín González tiene 21 juicios civiles y Robles 23. El primero ya posee, al menos, cuatro condenas. Una de ellas fue la que resolvió el juez Pablo Farina, del Quinto Juzgado Civil, quien ordenó el remate del inmueble ubicado en el Barrio Olivares de Natania, en Rivadavia. En base al expediente, la subasta se hizo el 6 de marzo y un interesado pagó 115 millones de pesos.

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Pero, el dinero recaudado, al final, no irá para el demandante del Quinto Juzgado Civil, sino al que hizo su reclamo judicial en el Contencioso Administrativo, el que también consiguió una sentencia condenatoria con Martín González. Sucede que, el damnificado que litigó en el tribunal que conduce la jueza Adriana Tettamanti, fue el primero en obtener un embargo preventivo y eso lo calificó como “embargante preferente”, lo que lo convierte en el primero a la hora de cobrar cuando se le descubre y se le remata bienes al demandado.

La magistrada había condenado a Martín González a pagarle a su demandante la suma de 96.750.000 pesos, más una serie de daños por casi 4 millones y una multa diaria de 100 dólares por mes desde mayo de 2021 hasta la cancelación de la sentencia. Es decir, el remate del inmueble cubrirá la totalidad (o casi) de lo dispuesto por la sentencia.

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Es una de las propiedades que pierde Martín González. Cuenta con otras 38 en su haber, las que se encuentran embargadas por orden judicial, tanto de sede penal como civil, afirmaron las fuentes. Por su parte, su exsocia tiene siete, destacaron. Números que manejan algunos de los abogados que iniciaron 43 expedientes en los tribunales civiles por incumplimiento de contrato.

Por otro lado, Martín González, a través de abogados, acudió en diciembre al Juzgado Comercial Especial, a cargo de Javier Vázquez, para solicitar el concurso preventivo de crisis. En esencia, significa que a una empresa se le hace difícil pagar sus obligaciones y, con el visto bueno judicial, acuerda con los acreedores un plan de pago, además de que hay un orden prioridad entre todos aquellos que reclaman el cumplimiento.

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Sin embargo, trascendió de fuentes calificadas que el juez Vázquez rechazó el pedido de Martín González. En ese marco, las fuentes explicaban que, si el magistrado le hubiese hecho lugar, se caían las medidas cautelares dictadas para trabar los embargos, con el objetivo de que se disparara el procedimiento de crisis.

En la formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Martín González y Robles, el fiscal Guillermo Heredia sostuvo que ambos se presentaron como propietarios de empresas “ficticias”, como Anhelo Desarrollo y Roma Edifi. De esa manera, ofrecían desde lotes urbanizados listos para construir; pasando por la entrega de un lote, más la construcción de una vivienda o departamento, hasta el ofrecimiento de una casa construida o a medio construir para la venta. Todo ello, claro está, a cambio de una suma de dinero o un vehículo.

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El fiscal había destacado que la presunta maniobra se configuraba debido a que los contratos que los imputados firmaban con sus clientes eran “de imposible concreción”. Es que, según relató en la audiencia, vendían lotes que no se encontraban a su nombre, fingiendo que eran los propietarios. En otros casos, promocionaban terrenos que sí estaban a su nombre, pero que se encontraban embargados.

Además, Heredia había explicado que el desarrollo inmobiliario se había vuelto de imposible concreción y que vendían el mismo lote reiteradas veces a diferentes compradores.