Julián Gil buscó anular la condena que aceptó por encubrimiento: ¿Lo hizo para ganar tiempo y evitar un castigo del Foro?

En agosto del año pasado, el abogado penalista y exintendente de Caucete, Julián Gil, fue detenido en los pasillos de Tribunales. El caso resultó un escándalo porque quedó tras las rejas imputado por el delito de encubrimiento agravado. La sospecha en su contra apuntaba a que Gil le había entregado dinero a una víctima de abuso sexual para que modificara su declaración inicial, y así favorecer a un defendido suyo. Además, existían indicios de que el profesional había actuado de la misma manera en otra causa. Frente a la jueza de Garantía Verónica Chicon, Gil no negó los cargos, sino que los reconoció al aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado y por el que fue condenado a un año de prisión condicional. Con la sentencia firme, desde la Justicia se envió el expediente al Foro de Abogados para que el Tribunal de Disciplina evalúe si Gil debe recibir un castigo profesional. A casi 10 meses del caso, el abogado intentó revertir la situación al presentar un recurso ante la Corte de Justicia, que fue rechazado por inadmisible. La presentación llamó la atención en tribunales porque Gil había reconocido su culpabilidad, pero ahora la negó, por lo que algunos se preguntaron si se trató de una maniobra para ganar tiempo y así evitar que el Tribunal de Disciplina del Foro le aplique algua sanción. 

La presentación de Gil ante la Corte de Justicia se dio el año pasado, pero no fue  recién hasta fines del mes pasado que el máximo tribunal emitió un fallo rechazando el pedido. Según indicaron desde Tribunales, el escrito del abogado fue llamativo porque el año pasado aceptó ser culpable del delito de encubrimiento agravado, por dos hechos, pero ahora indicó que “el hecho por el cual fue imputado no estaría tipificado y no cumpliría los requisitos para encuadrarlo en el delito de encubrimiento, menos aún, agravado”. Además, afirmó que existió un “atropello total del Ministerio Público Fiscal y arbitrariedad del juez, sumado a vicios en el procedimiento”, por lo que “habrían nulidades manifiestas en las actuaciones, causando un daño irreparable en cuanto a su situación laboral y a su buen nombre y honor”. No sólo eso, sino que realizó una acusación al expresar que “habría sido sometido a técnicas y/o métodos que habrían inducido y alterado su libre voluntad, con actos contrarios a su dignidad”. Así solicitó que “se declare la nulidad absoluta de la sentencia y de las actuaciones que dieron lugar al origen de la condena”.

Dichas afirmaciones no pasaron desapercibidas por el Ministerio Público Fiscal, ya que el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, al responder el planteo de Gil, afirmó que “no puedo dejar de señalar que el propio imputado, de manera libre y voluntaria, legalmente asistido por su defensa técnica, y siendo abogado, prestó conformidad para la celebración del juicio abreviado, situación que evidencia una clara contradicción inadmisible con su actual pretensión revocatoria. Al respecto, el máximo tribunal local tiene dicho que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior...".

La causa de Gil tiene su apartado en el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, órgano que hasta el momento no se ha expedido sobre si el profesional debe recibir un castigo profesional al tener una condena firme en la Justicia. Además, se trata de un hecho grave porque el exintendente de Caucete reconoció que le había entregado dinero a una mujer para que cambie su declaración y así favorecer a su cliente en una causa de abuso sexual. 

En los pasillos de tribunales circuló la posibilidad de que, con la presentación ante la Corte, Gil haya querido ganar tiempo y de esa manera especular con la prescripción de su expediente en el Tribunal de Disciplina. Es que, la ley que rige al Foro de Abogados, establece, en su artículo 83 que, en los casos en los que existen una condena penal firme contra un profesional “el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias que impone esta Ley es de un (1) año, a contar desde la notificación al Foro de Abogados”. 

Sobre la causa de Gil, la entidad que nuclea a los abogados locales, tomó intervención de oficio a fines de agosto del año pasado, por lo que, si se toma en cuenta esa fecha, el Tribunal de Disciplina tiene hasta los últimos días de agosto para tomar una decisión.

Fuentes oficiales indicaron que el expediente profesional contra Gil está “muy avanzado”, al punto que remarcaron que es casi un hecho que saldrá durante este mes. Un punto clave es que el exintendente de Caucete puede perder la matrícula ya que el inciso 4 del artículo 79 de la ley del Foro establece que “la exclusión de la matrícula” se puede dar por una “condena judicial firme cuando, de las circunstancias del caso, se desprendiera que el hecho afecta el decoro y ética profesionales”. Gil fue condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado en dos hechos.