Escenario local

Un ministro orreguista admitió la llegada de capitales mendocinos a la minería, criticó quejas del empresariado local y al PJ

El titular de la cartera productiva habló de evitar el “club de amigos” entre proveedores mineros y cuestionó las “fiestas” de anuncios sobre temas técnicos, en referencia a las gestiones pasadas.
jueves 15 de mayo de 2025

Gustavo Fernández está al frente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, el cual se vincula con las actividades comerciales, industriales y de servicios, como el que genera la minería. En ese marco, reconoció que “hay algunos capitales mendocinos que han tomado interés por participar de la actividad minera”, dentro de la atención que ha generado San Juan a nivel regional e internacional para invertir. Así, cuestionó reclamos de sectores locales sobre ese desembarco mendocino, al señalar que “habría que preguntarle al empresariado sanjuanino por qué no se animan a comprar un pliego de 5 mil dólares y a armar un proyecto de exploración o asociarse con extranjeros para hacerlo”.

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No fue lo único, ya que aprovechó para criticar al peronismo, al destacar que “tenemos que tratar de evitar que los proveedores locales que trabajan en la minería no sean un club de amigos”. Además, fue duro al indicar que se han “armado fiestas cuando empresas presentaban sus informes de impacto ambiental, creando la idea y la sensación de que, al año siguiente, el proyecto estaba en construcción”.

El reclamo de proveedores mineros y empresarios sobre la “invasión” de compañías de Mendoza y de otras provincias no es nuevo, ya que este medio reflejó el escenario en marzo. Primero, fue el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien dio a conocer su reclamo y, luego, fue Fernando Godoy, presidente de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA).

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Ante la consulta del malestar de proveedores mineros por esa situación, Fernández resaltó en el programa “Demasiada información”, de Radio Light: “Si hay empresarios de origen en Mendoza que toman la decisión de comprar pliegos para conducir proyectos de exploración en San Juan y no ha habido sanjuaninos, es un tema que nos tenemos que cuestionar como sociedad”.

Así, el funcionario orreguista se preguntó: “¿Qué tipo de negocios son los que busca el empresariado sanjuanino? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué niveles de riesgo está dispuesto a asumir a la hora de tomar decisiones de inversiones?

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Por eso, se le consultó si el empresariado sanjuanino está acostumbrado a depender del Estado o no cuenta con el volumen suficiente para encarar tales inversiones. “Creo que los dos planteos forman parte de la respuesta”, respondió el ministro, a la vez que agregó: “Pienso que el terremoto (de 1944) marcó mucho al ecosistema empresarial sanjuanino. Hubo un cambio cultural, una mayor dependencia del Estado en el desarrollo empresarial. Eso ha sido un impacto cultural, del que el desarrollo minero que tuvimos a mediados de 2000 comenzó a torcerlo muy parcialmente y de manera muy imperfecta”.

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En ese marco, explicó que, “para desarrollar negocios, se necesitan demandas de envergadura y de escala. Y, la realidad es que, quizás, en San Juan ha ocurrido que no hemos tenido sectores más allá del Estado provincial que ofrezcan esa demanda de gran escala que permita el desarrollo”. Excepto, señalo, “la minería, con altibajos, imperfecciones y con nuevas oportunidades, que son las que tenemos que aprovechar”.

De esa manera, remarcó que “tenemos que lograr que se desarrollen los proveedores locales” y “que la provisión en la minería no sea un club de amigos y que no haya oportunidad sin aprovechar para los proveedores locales. Es otra parte de la crítica a la historia de la minería en San Juan”.

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No fue el único tiro al justicialismo, ya que cuestionó cuando se “montaron fiestas para anunciar que una empresa presentó su informe de impacto ambiental. Un informe requiere, mínimo, 12 meses de evaluación para que tengamos una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada, que normalmente es aprobada con una serie de condicionamientos que tiene que responder la empresa. En la medida que el contexto del país lo permite y la macroeconomía esté alineada con lo que significa la seguridad jurídica para esas grandes inversiones, recién ahí podemos tener la certeza de que un proyecto se va a concretar en términos de construcción”.