Mientras se define si siguen detenidos, los acusados de estafa con el barrio Textil II suman nuevas denuncias

Este viernes, los tres acusados por presuntas estafas en planes habitacionales —Roberto Vega, Francisco Fernández y Miguel Aciar— volvieron a presentarse ante la jueza Celia Maldonado en una nueva audiencia. El objetivo fue revisar las medidas cautelares impuestas hace 20 días, cuando se les dictó prisión preventiva por su presunta participación en maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de viviendas en barrios como Los Nogales VII y Textil II.

En el desarrollo de la audiencia, que se realizó, el fiscal Duilio Ejarque informó que se sumaron 46 nuevas denuncias a la causa: 23 corresponden al barrio Los Nogales VII y otras 23 al barrio Textil II. Estas se agregan a las ya existentes, que motivaron la apertura de la investigación penal preparatoria.

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Vega, secretario general del gremio textil, y Fernández Muñoz, titular de la empresa constructora Afcom SRL, fueron detenidos hace casi tres semanas y permanecen alojados en distintas dependencias policiales: Vega en la Comisaría 36 y Fernández en la Comisaría 6. En tanto, Miguel Aciar, quien estuvo prófugo y luego se entregó a la Justicia, cumple su detención en la Subcomisaría de Médano de Oro.

La defensa de los imputados está a cargo de los abogados Fernando Castro e Ivana Salas. Debido a la magnitud de las nuevas denuncias, la jueza dispuso un cuarto intermedio que se retomará esta misma tarde, cuando se espera que se defina si los acusados continúan detenidos o si se modifican las medidas que pesan sobre ellos.

Cabe recordar, que anteriormente tanto Vega, Fernández quedaron imputados por el delito de estafas múltiples: Fernández por 12 hechos en el barrio Los Nogales, y Vega por 9 hechos en el proyecto habitacional Textil II.

Mientras que Aciar está acusado de participar en al menos 21 hechos de estafa, 12 de ellos vinculados al proyecto habitacional Barrio Los Nogales y 9 al Barrio Textil II, donde se habrían ofrecido carpetas de viviendas desde 2022 con un valor inicial de $1.500.000, ajustado posteriormente por inflación. Las viviendas nunca se entregaron, y decenas de familias denunciaron haber sido víctimas del fraude.