Tras las rutas dañadas por el temporal, dirigentes políticos responden: ¿Qué hubiera pasado si Vialidad cerraba como quería Milei?

Luego del temporal que hubo en San Juan en los últimos días, las rutas nacionales se vieron afectadas por las lluvias y algunas quedaron intransitables por momentos. Nuevamente, aparece en el centro de la escena el papel de Vialidad Nacional para la preservación de los caminos del país. Frente a esto, 0264 Noticias habló con dirigentes de distintas fuerzas representativas, quienes opinaron sobre qué hubiera pasado si Vialidad hubiera estado cerrada, como quería el presidente Javier Milei. El año pasado, el Presidente firmó un decreto por el que disolvía el organismo, algo que finalmente no ocurrió.

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Al respecto, el diputado de La Libertad Avanza, José Peluc, expresó que desde el oficialismo nunca propusieron hacer desaparecer al organismo, sino que el objetivo “era fusionarlo y que se encargue de gestionar y mantener la estructura nacional de rutas”. Sostuvo que el mantenimiento de dicha estructura no debe depender exclusivamente del presupuesto del Estado. “Hemos trabajado con el senador Olivera en proyectos para la minería, donde empresas caleras y de combustibles se ofrecieron a construir y mantener rutas a cambio de la obtención de permisos”, señaló. De esta manera, las rutas serían gestionadas por empresas (mineras, caleras o de combustible) y, ante un temporal, estas compañías serían las responsables de la maquinaria para preservar los trayectos.

Ante la consulta sobre qué pasaría con las rutas del interior que no son viables económicamente, Peluc propone un esquema de compensación. Su idea es que aquellas empresas que obtengan la concesión o gestión de rutas con alta recaudación o viabilidad tengan también la obligación, por contrato, de hacerse cargo de rutas menos rentables. Es decir, que en el mantenimiento de los caminos intervendría el sector privado y tendría que aportar recursos para el sostenimiento de aquellos trayectos con menor rentabilidad. Peluc concluye que "todo se puede mantener" si existe la voluntad necesaria para implementar estos cambios en la gestión vial.

Por su parte, el dirigente del GEN, Marcelo Arancibia, consideró que es importante el papel de Vialidad Nacional para el mantenimiento de las rutas y las acciones en caso de emergencia vial. Advirtió que delegar estas tareas al sector privado es inviable en zonas donde los caminos no generan rentabilidad comercial. A su vez, criticó la gestión actual por ofrecer promesas de inversión externa que aún no han resuelto el abandono estatal histórico. Para Arancibia, la gestión de emergencias viales (como el despeje de lodo o la reparación de socavones por lluvia) requiere una logística que el sector privado aún no ha desplegado.

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Más adelante, denunció que el avance de las licitaciones viales en los últimos dos años ha sido "casi inexistente", lo que refleja una falta de gestión del Gobierno nacional. “Aunque existen tramos viales en el país que pueden ser atractivos para el privado por el sistema de peajes, las rutas nacionales que atraviesan San Juan no son rentables”, declaró.

Por último, el diputado del PJ, Jorge Chica, expresó que el rol del Estado es fundamental, principalmente para invertir en mantenimiento preventivo y reparación post-tormenta, lo que evitaría choques y accidentes fatales. “He presentado proyectos para declarar la emergencia nacional en las rutas de las provincias porque hace falta invertir en los caminos”.

El legislador es crítico de la gestión a través de capitales privados y afirmó que, hasta el momento, no hay mucho interés en invertir en caminos: “No hemos visto inversiones en rutas nacionales por parte de privados. No quieren ocuparse de mantener las rutas del país. Lo veo con un pesimismo absoluto”.

Para terminar, Chica afirmó: “Estoy a favor de un Estado que ordene y sea eficiente. Es la oportunidad de hacer controles, porque son instituciones creadas hace años que aportaron al desarrollo, principalmente de las economías regionales”.

La intención del gobierno de Milei

Mediante el Decreto 461/2025, el gobierno nacional ordenó el cierre de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. El argumento oficial fue la eliminación de focos de "corrupción en la obra pública".

Entre agosto y septiembre del año pasado, la justicia suspendió temporalmente el decreto tras amparos presentados por trabajadores del organismo. En agosto de 2025, el Senado rechazó el DNU de disolución, dejando la medida sin efecto legal definitivo. Finalmente, el gobierno nacional se vio obligado a reabrir el organismo y designar nuevos directores ante la presión del Congreso.