PREOCUPACIÓN

Viñateros Independientes de San Juan aseguran que el sector atraviesa uno de sus peores momentos y piden que el kilo de uva cueste $500

Desde la federación señalaron que es una de las crisis más profundas en los últimos 50 años y reclaman al gobierno provincial medidas urgentes como la actualización del precio de la vid y créditos fiscales.
Por Redacción 0264Noticias
miércoles 04 de febrero de 2026

La vitivinicultura nacional atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas cinco décadas, en un contexto marcado por sobreproducción, caída de precios y pérdida de mercados. De acuerdo con datos aportados por la Federación de Viñateros Independientes de San Juan, en los últimos cuatro años se produjo casi un 5% más de vino del que se consumió, generando un desequilibrio que impacta de lleno en productores y economías regionales.

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En ese período, los stocks de vino al 1 de diciembre pasado se mantuvieron prácticamente constantes, con un promedio de 10.775.410 hectolitros en todo el país. Esta estabilidad en los volúmenes almacenados evidencia que el problema no radica en una merma productiva, sino en un exceso estructural de oferta frente a una demanda que no logra recuperarse.

Uno de los factores que explican esta situación es la decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de adelantar la fecha de liberación de los vinos nuevos del 1 de junio al mes de marzo. Esta medida incorporó al mercado un sobrestock de 2,3 millones de hectolitros, equivalente al consumo de los meses de marzo, abril y mayo, provocando una fuerte paralización en el mercado de vinos y mostos.

Este escenario generó un desinterés de las grandes bodegas en la compra de uva, o bien operaciones bajo condiciones de precio y plazos desfavorables para los productores. Desde el sector estiman que, de haberse mantenido la fecha histórica de liberación al 1 de junio, los precios de la uva podrían haber sido al menos un 50% superiores a los finalmente pagados.

La caída de los valores resulta contundente al analizar los precios ajustados por inflación. En la cosecha 2024, la uva Cereza se pagó alrededor de 220 pesos por kilo, cuando hoy debería cotizar cerca de 475 pesos según afirman desde la federación. En el caso de la uva fina, como Chardonnay, el valor pasó de 450 pesos a un precio actualizado estimado de 973 pesos por kilo.

La comparación con la cosecha 2023 profundiza el deterioro: la uva Cereza, que se pagó 100 pesos por kilo, debería valer hoy unos 788 pesos, mientras que la Chardonnay pasaría de 210 a 1.650 pesos por kilo, de acuerdo a las estimaciones del sector. En términos reales, el precio de la uva registró una caída cercana al 120% en los últimos dos años, dejando a los productores por debajo de los costos de producción.

Entre las causas de esta crisis también se menciona el atraso cambiario, que provocó la pérdida de casi un 30% del mercado externo, equivalente a unos 200 millones de litros en los últimos tres años. A esto se suma la caída del consumo interno, vinculada a la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y los cambios en los hábitos de consumo.

Ante este panorama, los Viñateros Independientes le enviaron una carta al gobernador Marcelo Orrego, en la cual el sector plantea una serie de medidas urgentes, entre ellas la postergación de la liberación de los vinos nuevos al 1 de agosto, lo que permitiría consensuar precios más cercanos a los costos reales: alrededor de 500 pesos por kilo de uva común y 1.000 pesos por kilo de uva fina. Además, reclaman la restitución de facultades al INV para el control de genuinidad y calidad de los vinos.

También solicitan incentivos fiscales para exportación (un crédito de 50 pesos por kilo de uva con destino a mosto concentrado y vino para exportación), refinanciación de pasivos bancarios con tasas promocionales, reducción de costos energéticos y alivio impositivo, incluyendo una baja del IVA del 27% al 10,5%.

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A mediano plazo, proponen la reconversión productiva (5 mil hectáreas de uvas comunes a uvas sin semilla para pasa y consumo en fresco), el acceso a créditos para inversión con plazos de 4 a 5 años para su devolución con tasas promocionales, un plan integral frente a la crisis hídrica, la recarga de acuíferos y el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección de Glaciares, como pilares para garantizar la sustentabilidad futura de la actividad.