Al intendente de Angaco le rechazaron un nuevo pedido de suspensión de juicio y el tribunal fijó fecha para definir el avance de la causa

El intendente de Angaco, José Castro, intentó una vez más zafar del inicio del juicio en su contra por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. Lo hizo al pedir nuevamente que el debate se suspenda, en este caso, a raíz de la denuncia que el Ministerio Público radicó en su contra en la UFI Delitos Especiales por el convenio que firmó con los concejales angaqueros, quienes lo habilitaron a pagar 5 millones de pesos para no sentarse en el banquillo de los acusados. Según confirmaron fuentes oficiales desde la Sala II de la Cámara Penal, le negaron el planteo y fijaron una audiencia oral para este viernes a las 10. En ese encuentro, las partes, defensa del intendente de Angaco y fiscalía, deberán exponer nuevamente sobre la validez del acuerdo para que el jefe comunal no vaya a juicio. Tras ese paso, y un cuarto intermedio, el tribunal decidirá si le da el OK a Castro o si se lo rechaza, decisión que se espera ocurra recién la semana que viene.

Según trascendió, el nuevo planteo de Castro, realizado a través de su abogado Marcelo Fernández Valdez, tuvo como fundamento que el juicio en su contra por, presuntamente, haber utilizado en 2019 maquinaria y personal municipal en un predio privado de Chimbas, no se puede iniciar por la nueva denuncia contra el jefe comunal que se tramita en la UFI Delitos Especiales. Según se supo, al parecer la defensa entiende que el debate debe esperar hasta que se defina ese planteo penal que formuló la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi.

La funcionaria del Ministerio Público solicitó que se investigue a Castro y a los concejales Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario. Esto es porque el convenio propuesto por Castro y aprobado por lo ediles, es ilegal, ya que apunta a dar de baja la causa penal que lo tiene en la mira al intendente porque ofrece una reparación de 5 millones de pesos por el presunto daño ocasionado contra la comuna. Incluso, en los fundamentos presentados, el intendente hizo referencia a la causa denominada “Fiesta de Olivos”, donde el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, pagó 1,6 millones de pesos a cambio de no ser enjuiciado. Según Gerarduzzi, al promover la firma del convenio, Castro habría llevado adelante negociaciones incompatibles con sus funciones, mientras que los concejales incurrieron en el delito de encubrimiento y todos cayeron en incumplimientos de los deberes de funcionario, ya que ellos no pueden disponer de la acción penal de una causa, porque esa facultad la tienen los fiscales. Además, un acuerdo de esas características no puede prosperar cuando hay involucrados funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

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Sobre la causa que tiene ahora en manos el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, fuentes calificadas indicaron que el funcionario solicitó las actas originales de la sesión extraordinaria en la que se aprobó el convenio, documentación que fue aportada este lunes por el asesor del cuerpo deliberativo, Leonel García. Con esa presentación, y algún otro requerimiento, Nicolía estará en condiciones de decidir si formaliza una investigación contra Castro y los ediles, algo que no se descarta que ocurra esta semana.

Bajo esa nueva situación es por la que la defensa del intendente solicitó que el juicio no inicie hasta que se defina qué sucederá con la denuncia de Gerarduzzi, planteo que fue rechazado por el tribunal que encabeza Miguel Dávila Saffe. Incluso, fuentes oficiales confirmaron que los magistrados dispusieron una audiencia para el viernes a las 10, donde las partes deberán fundamentar oralmente sobre la validez del convenio con el que Castro intenta zafar de la acusación penal.

Un punto clave que saldrá a la luz una vez que el tribunal tome una decisión es el fallo es apelable. Esto es, si el dictamen es negativo o si los jueces entienden que el convenio es válido, la defensa o la fiscalía pueden cuestionar la decisión ante la Corte de Justicia. De ser así, hay quienes entienden que el juicio se puede postergar, mientras que otros indican que no se puede apelar y el debate debe arrancar, ya que tenía fecha de inicio para el 23 de febrero.

Los jueces llamaron a una audiencia para este viernes y se espera que, tras un cuarto intermedio, den su dictamen, lo que puede ocurrir recién la próxima semana.

El intendente de Angaco, José Castro, está procesado luego de que en octubre de 2019 los concejales, José Ruseño, Valeria Garay y Mario Pacheco, lo denunciaran por el uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado de Chimbas. Así, quedó en la mira por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos, castigos que conllevan penas que van de 2 a 6 años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.