Una excusación, una renuncia y un anotado en el concurso llevarán a que el Consejo funcione con cuatro miembros para la definición de tres cargos

Tal como se preveía, la abogada Valeria Torres se excusó de seguir integrando el Consejo de la Magistratura para no participar del concurso por tres cargos judiciales, dado que, en uno de ellos, el de juez de Cámara del Trabajo, se anotó su esposo, el profesional Roy Kirby. Su lugar debía ser ocupado por alguno de los suplentes, pero Vanesa Mestre ya había renunciado al puesto y Marcelo García Lloveras también se inscribió para competir para camarista laboral. De esa manera, esa silla quedará vacía en el organismo de selección de magistrados, que deberá funcionar con cuatro miembros.

¿Puede actuar de esa manera? La ley 325 E indica que sí, ya que, para deliberar, se requiere la simple mayoría de sus integrantes. Como en total son cinco, el número exigido son tres y, en este caso, serán cuatro. Incluso, para armar una terna, son necesarios tres votos, por lo que la cifra cierra. En un hipotético caso de empate dos a dos, el presidente del Consejo es el que tiene doble voto.

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El titular del organismo es el cortista Juan José Victoria, quien está acompañado de la ministra de Gobierno de la gestión orreguista, Laura Palma; la diputada justicialista Fernanda Paredes y los abogados Raúl Acosta y la propia Torres, los que entraron a través del respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas.

La norma indica que, en el caso de una vacante entre los representantes de la abogacía, el Directorio del Foro de Abogados debe llamar a elección para completar el mandato. Pero, la ley se refiere a una baja definitiva y, en el caso de Torres, es una inhibición solamente por este concurso solamente. Por ello, el camino es el funcionamiento con cuatro miembros y no convocar a los abogados para que vayan a las urnas, con todo el desgaste, tiempo y recursos que eso implica.

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Además del cargo de juez de Cámara del Trabajo, también está en juego el de fiscal de Cámara, con competencia en materia Civil y Laboral, y el de asesor Oficial de Menores. Si bien los tres puestos son importantes, los dos primeros tienen una mayor relevancia, dado que tienen su cuota de poder. El camarista Laboral sólo está por debajo de los ministros de la Corte de Justicia y es el encargado de revisar, con sus pares de Sala, las sentencias de primera instancia. El fiscal de Cámara también se encuentra en la segunda instancia del Ministerio Público, un escalón abajo del fiscal General, y es el encargado de intervenir en conflictos de competencia y en apelaciones en temas de familia, como nulidades de matrimonio o divorcio, según indica la ley 633 E.

La inscripción al concurso por los tres puestos arrojó un total de 171 inscriptos. De los anotados, el que levantó comentarios en el mundillo judicial y de la política fue la presencia de Kirby, un reconocido especialista en derecho laboral y abogado de Fiscalía de Estado. Es esposo de la consejera Valeria Torres, quien, por ese motivo, se excusó de intervenir en el proceso de selección.

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La abogada Torres dio uno de los votos clave, junto al cortista Victoria y la ministra Palma, para que el entonces camarista Laboral, Guillermo Baigorrí, impulsado por el oficialismo, quedara en la terna para fiscal de Cámara, quien luego fue designado por la Cámara de Diputados. Fue una conformación de una terna difícil, en la que hubo dos suspensiones en las reuniones de los consejeros, y que tuvo una oposición inicial de Torres a la postulación de Baigorrí.

Finalmente, levantó la mano a favor del hoy ex camarista laboral. ¿La inscripción de Kirby obedece a un supuesto acuerdo para que pueda llegar al puesto que, justamente, dejó Baigorrí? Hay fuentes que lo aseguran, más allá de los pergaminos del profesional. Se verá.

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Si bien Torres se excusó de participar en el puesto de camarista laboral, podría intervenir en los otros puestos. Sin embargo, se trata de un solo concurso, en el que hay seis abogados anotados para los tres cargos y otros que han hecho la combinación de juez y fiscal de Cámara. Entonces, en esos casos, los consejeros no podían arrancar una entrevista sobre preguntas vinculadas a Fiscalía y la Asesoría con la presencia de la abogada y que se tuviese que retirar a la hora de abordar el puesto de juez laboral y entrase su reemplazante.

Era una mecánica difícil. Por eso, las fuentes indicaron que se inhibió de ser parte de todo el concurso.

Ahora, tampoco tiene reemplazante. Una de las suplentes es Vanesa Mestre, quien había renunciado a mediados del año pasado como representante suplente de los abogados, aseguraron las fuentes. La profesional fue candidata a concejal en primer término en la lista que encabezó el peronista Carlos Lorenzo en su disputa por la Intendencia de la Capital. Pero, tras el desembarco de la gestión orreguista, Mestre cumple funciones como asesora Letrada del Ministerio de Educación.

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El otro suplente es Marcelo García Lloveras, quien también se anotó para competir por el puesto de camarista laboral y confirmó que seguirá adelante en el concurso como postulante.

El plazo para la realización de impugnación entre los candidatos finalizó el lunes, por lo que, ahora, los consejeros deben fijar las fechas para las entrevistas. Luego, confeccionarán la terna que enviarán a la Cámara de Diputados para la designación final.