Por ahora, la Corte mantuvo la designación de altos funcionarios en el Tribunal de Cuentas

A principios de 2024, un trabajador del Tribunal de Cuentas de la provincia presentó un reclamo judicial contra las designaciones “discrecionales” que se realizaron en el organismo en el último tramo de la gestión uñaquista. El planteo fue claro: cuestionó la designación de 14 fiscales de Cuentas, quienes fueron “ascendidos” sin concurso, tras una ley sancionada por la Cámara de Diputados. Además del planteo, solicitó que se dictara una medida cautelar, esto es, que se frenara la designación hasta que se resolviera el pedido de inconstitucionalidad presentado. Un juez hizo lugar a la medida cautelar, pero una sala de la Cámara Civil la dio de baja a mediados del año pasado. Ahora, la Corte de Justicia mantuvo la resolución dictada por la Cámara, decisión que repercute, por ahora, en las designaciones cuestionadas en el Tribunal de Cuentas: por el momento, los cargos se mantienen hasta que se resuelva la inconstitucionalidad, demanda que a la fecha aún no tiene sentencia de primera instancia.

El planteo que ahora tuvo sentencia de la Corte de Justicia, bajo los votos de Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis y Daniel Olivares Yapur, fue el que hizo el auditor contable del Tribunal de Cuentas, Alejandro Porolli, a través del abogado José Luis Miolano. El funcionario del órgano que se dedica a controlar el gasto público viene solicitando, desde hace años, que los cargos superiores del organismo se cubran a través de un concurso, tal cual lo establece la Constitución provincial y la ley que regula el propio organismo. Si bien Porolli viene reclamando el llamado a concurso para ascender dentro del Tribunal de Cuentas, hizo un planteo legal en 2024, luego de que una ley fuera sancionada a fines de 2023.

Antes del cambio de gobierno, la gestión uñaquista promovió cambios a través de una ley. El 23 de noviembre, a días de dejar la administración provincial, el cuerpo legislativo sancionó la ley 2.619-E, la cual, en su artículo 7, establece que “se titulariza con carácter de excepción al personal que haya sido designado con carácter interino en el Tribunal de Cuentas (…), el cual queda, sin más trámite, definitivamente incorporado a la planta permanente del organismo en los cargos en que venga desempeñando su interinato”.

Porolli, a través de su abogado, Miolano, cuestionó la norma al indicar que, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, “ningún cargo técnico especializado (como los cargos de fiscales de Cuentas) ni administrativo puede ser cubierto en forma definitiva sin previo concurso”. Además, sostuvo que la sanción de la ley ha otorgado “una suerte de privilegio inconstitucional a algunas personas que jamás rindieron concurso, como lo exige la Constitución Provincial, violando así la garantía de igualdad ante la ley”.

Así, además del pedido de inconstitucionalidad, solicitó que se dictara una medida cautelar para poner freno a la designación, solicitud que ahora tuvo un revés por parte de la Corte de Justicia, con una sentencia que fue dictada hace algunos días, según pudo confirmar 0264Noticias.

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El máximo tribunal sostuvo, para no dar lugar a mantener la medida cautelar, que el planteo no puede ser analizado por la Corte, básicamente porque se trata de una acción que “no pone fin al juicio”, un punto necesario para que los cortistas puedan avanzar en el estudio del tema. Además, dijo que el planteo presentado ante el máximo tribunal no cumple con los “requisitos formales” para que el cuerpo pueda analizarlo, por lo que fue rechazado.

Ahora restará conocer qué decisión tomará la Justicia sobre el planteo de inconstitucionalidad, demanda que se encuentra sin resolución de primera instancia, según confirmaron las fuentes. Si el juez civil, Héctor Rollán, entiende que la norma sancionada por la Cámara cumple con lo que dicta la Carta Magna, los fiscales de Cuentas quedarán confirmados en sus cargos como efectivos. Pero si determina lo contrario, se deberá llamar a concurso para cubrir esos puestos, en el que pueden competir los fiscales de Cuentas interinos, el personal de carrera o cualquier otro interesado, siempre que cumpla con los requisitos.

Un dato no menor es que una resolución de primera instancia puede ser apelada ante la Cámara Civil y, eventualmente, dicho fallo también puede llegar a la Corte de Justicia que, al tratarse de una decisión definitiva, podrá analizar el tema.