TENSIÓN

A una semana de vencer el plazo, una compañía de telefonía se expone a una multa de $280 millones por el mal servicio en Calingasta

Se trata de Movistar que no asistió, al igual que Claro, a las audiencias convocadas por Defensa al Consumidor y tiene la mayor cantidad de usuarios. Solo Personal acordó una reparación.
Una de las audiencias en Calingasta.
Una de las audiencias en Calingasta.
jueves 16 de abril de 2026

El conflicto por las fallas en los servicios de telefonía e internet en Calingasta se encamina hacia una posible sanción millonaria. En la última audiencia, convocada por la Dirección de Defensa al Consumidor, las compañías involucradas no se presentaron, lo que derivó en la formulación de cargos y en la exigencia de respuestas concretas para los usuarios afectados. A una semana de que venza el plazo otorgado, el escenario sigue sin resolverse, aunque hay un camino que parece indefectible.

Movistar, Claro y Personal ya habían adoptado una postura similar en encuentros anteriores, limitándose a enviar descargos por escrito en lugar de participar de las instancias presenciales. Esta reiterada ausencia fue uno de los factores que motivó el avance del proceso administrativo.

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Según informaron a 0264 Noticias, la empresa con mayor cantidad de usuarios involucrados, Movistar, podría enfrentar una multa que rondaría los 280 millones de pesos o incluso una cifra superior, en caso de no cumplir con las exigencias establecidas dentro del plazo.

El reclamo colectivo más reciente reúne a 44 usuarios, de los cuales 39 corresponden a Movistar, 4 a Claro y el restante a Personal. En este último caso, se indicó que la situación ya fue solucionada. Sin embargo, la problemática persiste para la mayoría de los damnificados, quienes denuncian deficiencias reiteradas en la conectividad.

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a 2022, cuando cerca de 289 usuarios manifestaron inconvenientes similares. La causa fue reactivada en los últimos meses de 2025, lo que derivó en nuevas presentaciones y en la intervención del organismo de control. Con el plazo próximo a expirar, la atención está puesta en si las compañías avanzarán con soluciones concretas o si se aplicarán sanciones.

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