Banda de los DNI truchos: el fiscal pidió que las víctimas sean indemnizadas y los defensores se opusieron, lo que frenó los juicios abreviados

El fiscal federal Fernando Alcaraz había llegado a un acuerdo con el abogado Nicolás Gómez Camossi para que Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, aceptase un castigo de 4 años y 8 meses de prisión por ser una pieza clave de una organización delictiva. ¿Su tarea? Falsificar DNI con el fin de que se usaran para sacar créditos y adquirir bienes, a nombre de las personas titulares de los documentos. Luego, el representante del Ministerio Público también había sellado las tratativas con la Defensa Oficial para que Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba dieran el aval para que sean castigados con 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria, mientras que Marcos Vallejo aceptó una condena de 3 años de cárcel en suspenso.

Antes de que el acuerdo sea considerado por el juez de revisión Juan Ignacio Pérez Curci, el fiscal solicitó que haya una reparación a las cuatro víctimas de las estafas, a las que les usaron sus identidades con DNI adulterados y les generaron deudas por un total de 156 millones de pesos. Gómez Camozzi y el defensor Oficial Esteban Chervin se opusieron a esa especie de indemnización, por lo que el magistrado  entendió que no hubo un pleno acuerdo y pasó todo a un cuarto intermedio para el 7 de mayo.

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Hasta esa fecha, se verá si el acusado y los defensores llegan a un entendimiento en los montos de la compensación, la cual, si se plantea, deberá ser resuelta por el juez, es decir, si acepta que se aplique o no. Si no hay acuerdo, todo indica que los imputados irán a juicio.

Desde las 11, Alcaraz leyó la acusación contra los 12 implicados en el escándalo que tuvo como epicentro al Registro Civil de Pocito. En su escrito, el fiscal señaló que el jefe o líder de la asociación ilícita es Rolando “Narigón” Navarro Saide, un hombre que carga con antecedentes delictivos.

Dentro de la red delictiva, Castillo era el nexo interno en el Registro Civil, mientras que Cardozo era una especie de encargado de la logística y ejecución. Por su parte, Rodrigo Navarro Pozo (hijo de Navarro Saide) y Martínez Villalba actuaban bajo las órdenes del líder. Estos últimos y la exresponsable del Registro Civil pocitano son los que habían acordado un juicio abreviado.

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El otro que aceptó un juicio abreviado fue Vallejo, quien solicitó un documento, al que le suministró su rostro y huellas dactilares, pero, al final, recibió uno que tenía el nombre de otra persona, el titular del DNI. Así, sacó múltiples préstamos personales y llevó adelante diversas compras con la identidad de otra persona.

Después, está un grupo que puede definirse como colaboradores secundarios, que prestaron sus imágenes y huellas para tratar de obtener los DNI apócrifos, aunque los trámites fueron bloqueados por el Renaper ante las alarmas que se habían activado. En ese lote, están Carlos Fabián Prato, Analía Edith Rosales, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas.

Para todos ellos, el fiscal solicitó 2 años y 6 meses de prisión en la audiencia de control de acusación. En cambio, para Navarro padre pidió que sea castigado con 8 años de prisión, mientras que, para el hijo, planteó una pena de 6 años.

Los montos son más elevados de los que han pactado Castillo, Martínez Villalba y Cardozo, por ejemplo. Justamente, la característica del juicio abreviado es que implica una reducción en la pena, dado que se interpreta que el imputado colabora con la Justicia y evita el desgaste de recursos humanos en un juicio que puede extenderse en el tiempo.

De esa manera, el final aún está por verse.