Polémica por la firma china que construirá los módulos habitacionales en el proyecto Vicuña

La adjudicación del campamento Batidero, una infraestructura clave para el desarrollo del proyecto minero Vicuña en San Juan, abrió una fuerte controversia entre las empresas proveedoras argentinas y los responsables de la iniciativa. El contrato quedó en manos de un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., que importará desde China los módulos habitacionales destinados a alojar a miles de trabajadores.

La decisión generó cuestionamientos de cámaras empresarias y referentes industriales que sostienen que la obra podría haberse realizado con fabricación nacional, según informó Infobae. Según afirman, la elección de la propuesta extranjera implicará una menor generación de empleo local y dejará afuera a decenas de proveedores argentinos.

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El complejo habitacional Batidero será una pieza fundamental para la etapa de construcción del megaproyecto cuprífero impulsado por Lundin Mining y BHP. Inicialmente tendrá capacidad para 2.500 personas, aunque con el sistema de rotación laboral la ocupación efectiva podría alcanzar entre 3.500 y 5.000 trabajadores.

A medida que avance el desarrollo minero, la infraestructura podría ampliarse hasta las 6.000 plazas. Los módulos seleccionados son estructuras prefabricadas de acero fabricadas en China, equipadas y listas para ser ensambladas en la cordillera sanjuanina.

El consorcio adjudicatario presentó una oferta de 52 millones de dólares, mientras que la empresa argentina Modular Homes cotizó cerca de 70 millones. Esa diferencia económica fue determinante para la adjudicación.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular cuestionaron la decisión y sostienen que el ahorro obtenido resulta marginal frente a la inversión total del proyecto, estimada en 18.000 millones de dólares hasta 2040.

El presidente de la entidad, Juan Pablo Rudoni, aseguró que la fabricación local de los módulos habría generado más de 400 puestos de trabajo directos y movilizado a una amplia red de proveedores nacionales. En cambio, la importación requerirá principalmente tareas de logística y montaje, con un impacto laboral considerablemente menor.

Otro de los cuestionamientos apunta a las ventajas competitivas otorgadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el sector empresario sostienen que las exenciones fiscales favorecieron la propuesta extranjera y generaron condiciones desiguales para las compañías argentinas.

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Mientras la construcción del campamento avanza como parte de uno de los proyectos mineros más importantes de la historia del país, el debate continúa abierto. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién ganó la licitación, sino al rol que tendrán la industria nacional y los proveedores locales en las inversiones multimillonarias que llegarán a San Juan durante las próximas décadas.