DECISIÓN

Fiscalía solicitó dos años de prisión e inhabilitación perpetua para el ex empleado del Ministerio de Educación acusado de estafa

El hecho investigado ocurrió en 2019 y la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la licenciada Alicia Vargas, entonces funcionaria del área educativa.
viernes 12 de junio de 2026

El fiscal Daniel Mario Galvani solicitó una pena de dos años de prisión e inhabilitación perpetua contra un ex empleado del Ministerio de Educación acusado de estafa en perjuicio del Estado. El hecho investigado ocurrió en 2019 y la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la licenciada Alicia Vargas, entonces funcionaria del área educativa, tras una auditoría interna.

“Yo solicité dos años y además la inhabilitación perpetua por el ejercicio del cargo que funciona en la Administración Pública”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal, en diálogo con 0264 Radio, que se emite en 107.3 FM y el canal de Youtube de este medio. 

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Galvani detalló cómo se habría desarrollado la maniobra investigada dentro del organismo. “Como consecuencia de esta auditoría se detectó una irregularidad o anomalía llevada adelante por el imputado”, explicó.

“Ellos estaban habilitados a través de un sistema informático con una clave de password que era intransferible”, sostuvo Galvani, al describir el funcionamiento del sistema que utilizaban dentro del Ministerio de Educación.

En ese sentido, agregó: “El mecanismo era realizar una liquidación, en este caso se llegaba a la conclusión de que era una persona ficticia, agregarle el número de CUIL de otra tercera persona y asignarle código para que resultara la liquidación”.

“Y a esa liquidación vincularle su número de caja de ahorro del Banco San Juan”, precisó el fiscal, al detallar cómo se habría direccionado el dinero hacia una cuenta determinada.

Consultado sobre el origen de la investigación, Galvani señaló: “Esto surge como consecuencia de una auditoría llevada adelante en la dependencia relativa a liquidación de sueldos”, y agregó que el caso permitió detectar un patrón de irregularidades. 

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Respecto al monto involucrado, el fiscal indicó: “En esa época eran algo de 11.530 pesos”, y aclaró que el hecho fue detectado años después de ocurrido.