El Banco San Juan manejará el fideicomiso de Vicuña y, de arriba, cobrará millonarios honorarios

El aporte de 250 millones de dólares de la minera Vicuña para el plan de obra pública del Ejecutivo entrará a un fideicomiso que manejará el Banco San Juan, el agente financiero de la provincia, una condición de la que goza desde que fue privatizado allá por 1996 y que los sucesivos gobiernos han ido prorrogando desde entonces. Así, entró como fiduciario, por lo que recibirá y administrará los recursos, sin ningún riesgo económico, y se encargará de pagar los certificados de avances de obra. Por esa tarea, cobrará millonarios honorarios. “De arriba”, dicen en el barrio.

Según la cláusula 6, del apartado 7, inciso IV del Acta Compromiso, los honorarios del Banco San Juan “no podrán exceder (por todo concepto) del 0,45 por ciento más IVA del importe transferido mensualmente por Vicuña a la Cuenta Fiduciaria, a ser integrados a mes vencido”. En un cálculo simple, ese porcentaje aplicado a los 250 millones de dólares significan una retribución de 1.125.000 dólares o 1.710 millones de pesos, según la cotización oficial de ayer.

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El cómputo es si se aplica el tope del 0,45 por ciento, sin el IVA. Es tan solo uno de los gastos que conlleva el manejo del fideicomiso, el cual es considerado como “gasto deducible” por el fiduciario, es decir, la entidad financiera. Otra erogación que embolsará el banco por la administración del fideicomiso tiene que ver con sus comisiones de acuerdo a “condiciones de mercado para operaciones de similar naturaleza”. De esa manera, se estima que la cifra será mayor a la calculada.

Y el parámetro es sobre los 250 millones de dólares que destinará Vicuña, los que estarán disponibles a partir del 20 de diciembre y que los irá desembolsando paulatinamente, a medida que se vayan presentando los certificados de obra. Ese monto cubrirá los cinco primeros años de producción de la mina de cobre de Iglesia.

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Desde el sexto año, comenzará a regir la segunda etapa del fideicomiso, el cual se irá nutriendo del aporte del 1,5 por ciento del valor bruto de comercialización, es decir, de la facturación. Entonces, de lo que se genere mensualmente desde ese sexto año hasta la finalización de la vida útil del proyecto, el banco deducirá los gastos por la tarea de administrar el fideicomiso.

Ese cálculo es a futuro, será variable, dado que dependerá de la producción y los valores de mercado del cobre, pero, por los volúmenes y las previsiones que se manejan, también será millonario.

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Al ser el agente financiero de la provincia, el Banco San Juan maneja “la caja” del Estado. Es el que recibe la recaudación de los tributos provinciales que recauda la Dirección General de Rentas y el que percibe la acreditación de los fondos de Nación por coparticipación federal de impuestos. No es lo único, ya que todos los empleados de la administración pública se encuentran bajo su cartera, dado que administra las cuentas de los tres poderes del Estado.

De hecho, el Banco San Juan ha sido el fiduciario en los fideicomisos de proyectos mineros como Veladero, Casposo y Gualcamayo, además de otras estructuras de inversión. Con todos esos antecedentes a cuestas, también entró al de Vicuña.

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Entre otros puntos, la entidad le pedirá a Vicuña que transfiera a la cuenta fiduciaria un “Fondo de Reserva para Gastos Deducibles, que es el fondo constituido por el fiduciario (el banco) para afrontar los Gastos Deducibles del Fideicomiso, por el equivalente a dos remuneraciones mensuales del Fiduciario o 10 mil dólares, el importe que resulte mayor”. Un apartado que indica que la institución financiera se asegura el cobro de las erogaciones que genera su tarea por administrar el fideicomiso.

Además, el banco “no resultará responsable de cualquier pérdida o reclamo que pudiera resultar de sus acciones u omisiones, salvo culpa o dolo de su parte, calificada como tal judicialmente”, señala el convenio. Incluso, se resalta que “el Fiduciario no tendrá responsabilidad cuando se incurra en pérdidas que no resulten de su dolo o culpa así calificados judicialmente”.

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Asimismo, se señala que, “en ningún caso, el Fiduciario compromete afectar ni disponer de su propio patrimonio para el cumplimiento” del contrato de Fideicomiso. Por eso, se resalta que “las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso serán exclusivamente satisfechas con el Patrimonio Fideicomitido”, es decir, los fondos del Fideicomiso. Es una de las condiciones que establece el propio Código Civil de la Nación, que regula el funcionamiento de los fideicomisos.

Entre otros detalles, el Banco San Juan tiene prohibido pagarles a los contratistas o beneficiarios del fideicomiso en efectivo o con cheques al portador. Solo podrá hacerlo a través de transferencia bancaria a cuentas “previamente registradas y verificadas”.

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Por otro lado, se determinó que la entidad financiera “no tendrá obligación” de controlar el procedimiento interno de las decisiones de “Instrucciones de pago” por parte del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, el cual define qué obras se harán y sus desembolsos.

Una vez que se apruebe un certificado de obra, la minera tendrá un plazo de 10 días para hacer el desembolso. Si se excede de ese período, empezará a correr un interés por mora “equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en pesos, con más un 4 por ciento anual hasta la fecha de pago efectivo”.

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Si bien el dinero del fideicomiso saldrá a medida que se presenten certificados de obra, hasta tanto eso se produzca o cuando queden fondos disponibles, el Banco San Juan tiene autorización para realizar inversiones financieras, aunque no se detalles cuáles ni qué tipo de perfil inversor debe adquirir (moderado, de bajo o alto riesgo). Así, el convenio establece que forma parte del patrimonio del fideicomiso “toda producción, renta, fruto, accesión y/o cualquier otro derecho sobreviniente que surja de y/o en relación o con motivo de la inversión de los activos”.