Después de la condena contra los dueños de Branka Motors, entre los damnificados prevalece el "desánimo" buscando una instancia Civil

En Tribunales, luego del mediodía, se leyeron los fundamentos del acuerdo en el juicio abreviado contra los tres propietarios de la firma Branka Motors, por el cual resultaron condenados a cinco años de prisión efectiva, aunque sin devolver el dinero que se apropiarion de forma indhebida. En ese sentido, dos abogadas que representan a algunos de los más de 350 damnificados,  que sufrieron un perjuicio total calculado en más de $524 millones, reconocieron que reina el "desanimo" entre las víctimas, debido a que en una instancia Civil no podrían tampoco recuperar el dinero invertido.

"Mis representados ya dan por perdido el dinero que utilizaron. En el plano Civil tendrían que pagar una serie de trámites, que representan un monto importante de dinero para ellos, por lo que no piensan continuar en la instancia judicial por el hecho que los condenados no cuentan con bienes ni dinero para cobrarse de ahí", describió a 0264 Noticias la abogada, María Noriega, quien representa a nueve damnificados por la maniobra fraudulenta de Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire.

Cabe destacar que, para iniciar una instancia Civil, los damnificados cuentan con cinco años de plazo. "Mis representados, que son tres actualmente, tienen un proundo desánimo y desilusión. Es que, al igual que el resto de los perjudicados, esperaban una condena ejemplificadora, algo que claramente no pasó, al llegar a este acuerdo entre las partes que tuvo la homologación de la jueza", aseveró la abogada, Alejandra Iragorre.

El caso Branka Motors tuvo su resolución en lo Penal mediante un juicio abreviado y el acuerdo de las partes (no de la querella), es decir, la defensa de los imputados y Fiscalía, el cual contó con la homologación de la jueza Ana Parra. 

Previo al comienzo del juicio abreviado, este medio pudo conocer que, en principio, existía algún grado de malestar entre los querellantes, ya que hay quienes tenían la esperanza de recuperar, en esta instancia, algo del dinero que entregaron por la compra de las motos. Es que, cabe recordar, hasta mayo pasado existió un principio de acuerdo de reparación integral del daño; esto es, que los imputados ofrecieron devolver los 524 millones de pesos. El plan contemplaba una cancelación en cinco cuotas en 120 días, a partir del 13 de abril, fecha en la que la jueza de Garantías homologó dicho convenio. Lo llamativo fue que el primer pago a los 358 damnificados no se produjo, por lo que el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, no tuvo más remedio que solicitar dar de baja el acuerdo de reparación integral.

Ese paso se dio el 8 de mayo en una polémica audiencia que incluyó un momento de incertidumbre, ya que uno de los imputados declaró que parte del giro se había realizado ese mismo día, lo que fue descartado por la Oficina de Medidas Alternativas. Bajo esas circunstancias, la jueza Parra resolvió que los imputados sean llevados al Penal de Chimbas, bajo una prisión preventiva de cinco meses, y continuar con la Investigación Penal Preparatoria por un año.

La causa de Branka Motors es una de las más resonantes que ha tenido la provincia desde que se puso en marcha el sistema acusatorio, por la cantidad de damnificados, más de 530 personas, y por el monto de la defraudación, unos 524 millones de pesos. Según la acusación fiscal, el mecanismo de defraudación de los propietarios fue “vender” rodados a precios mucho más bajos que los del mercado, lo que generó, en poco tiempo, un alto interés entre las personas. En un principio, si bien entregaron rodados, comenzaron a ser incumplidores, ya que no pudieron sostener el sistema de vender motos a menor precio del que las compraban.