Desestimaron la denuncia que el Presidente del Concejo de Angaco hizo contra un fiscal y un edil opositor

A mediados del mes pasado, el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto de los Ríos, junto con la secretaria del cuerpo, Valeria Olivera, presentaron una denuncia contra un fiscal y un concejal opositor, planteo que ahora fue desestimado. El presidente del cuerpo había solicitado que se investigue al fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, esto es, al mismo integrante del Ministerio Público que formalizó una investigación en su contra, contra otros ediles y contra el intendente de Angaco, José Castro. Además, denunció al concejal orreguista Andrés Olivera y lo hizo por entender que ambos incurrieron en los delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimientos de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo. La denuncia fue rechazada “in limine” por el fiscal Adolfo Díaz, aunque fuentes oficiales confirmaron que fue apelada, resolución que estará en manos de un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales. El presidente del Concejo puso el foco en cómo el fiscal Nicolía habría obtenido información para formalizar la causa contra los concejales y el intendente. Para Díaz, “la versión sostenida por el denunciante es inverosímil o lo es de forma parcial; además, no constituye un hecho típico con relevancia penal”.

Ríos está en la mira por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, junto a los concejales Alejandro Paredes y Roberto López. En esa misma causa está investigado el intendente de Angaco, José Castro, por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Es que, según la denuncia que realizó la fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, los cuatro firmaron un convenio para que el intendente zafe de ir a juicio por presuntos delitos cometidos durante su anterior gestión frente al municipio. Luego de varias idas y vueltas, en julio pasado, el fiscal Nicolía logró formalizar la investigación contra los cuatro, lo que fue aprobado por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi por un plazo de 7 meses.

Llamativamente, casi dos semanas después de la formalización de la IPP, Ríos, junto a la secretaria Administrativa del Concejo Deliberante, Valeria Olivera, se presentó en la Justicia y, a través del abogado Leonel García, denunció al fiscal Nicolía y al edil Andrés Olivera. Lo hizo por entender que existió un delito, al parecer, por cómo el magistrado se contactó con el concejal y le requirió que se presentara a declarar como testigo en la causa principal junto con una copia certificada del acta del Concejo Deliberante del 18 de febrero, donde los tres concejales aprobaron el acuerdo firmado con el intendente para presentar en la Justicia un convenio y así zafar del juicio en el que Castro está procesado por haber, presuntamente, utilizado a mediados de 2019 maquinaria y personal municipal en un terreno privado de Chimbas.

Tenés que leer: "Tras 4 meses y una catarata de planteos, Fiscalía formalizó la investigación contra el intendente de Angaco y los concejales por abuso de autoridad"

Ríos entendió que se cometió un delito y, para ello, como prueba, presentó mensajes de WhatsApp que el edil Olivera le envió a la Secretaría del Concejo, donde hacía referencia a que Nicolía le exigía presentarse a declarar con una copia del acta “o con la denuncia” de que en el cuerpo deliberativo no le habían querido dar esa información. Incluso, se presentaron audios de la misma aplicación de mensajes entre el fiscal y Olivera, en los que el primero le indicaba que se presente a declarar y que, de no hacerlo con el acta correspondiente, iba a surgir una denuncia. Para Ríos, dicho escenario configuró el delito de coacción, usurpación de cargo, además del de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El fiscal Adolfo Díaz desestimó la denuncia al explicar que “no es ilícito ni falta de ética que el fiscal, en un acto de investigación, cite a alguien a declarar por cualquier medio, entre ellos, a través de un mensaje de WhatsApp”. Además, aclaró que tampoco configura un delito la advertencia del fiscal al concejal Olivera para que notificara al presidente del Concejo de que “en caso de no presentar la documentación requerida sería denunciado”, porque “ello no constituye delito alguno, pues el fiscal, en todo caso, le estaba haciendo saber las consecuencias jurídicas que le significarían ese incumplimiento”.

Además, un dato no menor es que Olivera presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando el acta de la sesión extraordinaria donde se aprobó el convenio firmado con el intendente, a solicitud del fiscal de la causa y como concejal, por lo que existió una obligación de las autoridades del cuerpo deliberativo de entregar esa información oficial. También, Nicolía, a través de una nota del 24 de febrero y en el marco de una investigación penal, le solicitó a Ríos, como presidente del Concejo Deliberante, copia certificada del acta de la sesión extraordinaria, “a lo que el presidente se limitó solamente a remitir una copia no certificada, aduciendo cuestiones administrativas que impedían remitir lo requerido por el fiscal y que a posteriori lo habría hecho; no obstante ello, a la fecha no se ha efectivizado”.

En esa línea, Díaz afirmó que “la versión sostenida por el denunciante es inverosímil o lo es de forma parcial; además, no constituye un hecho típico con relevancia penal” y también sostuvo que “no se ha podido reunir ninguno de los elementos necesarios y constitutivos del tipo penal que, conforme la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones, pudiera haberse configurado”.

Así, concluyó que “no corresponde iniciar una investigación penal, por cuanto no existen indicios que permitan afirmar la posible existencia de un delito, por lo que debe desestimarse la promoción de la investigación del presente hecho y, en consecuencia, el archivo de las actuaciones”.

Según confirmaron fuentes oficiales, el abogado Leonel García, que a su vez es el abogado del Concejo Deliberante, solicitó la revisión de la decisión fiscal, por lo que ese planteo será resuelto por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales: Iván Grassi o Roberto Ginsberg.