Unas 25 personas fueron a la Justicia por un barrio que UDAP no hizo, el gremio asegura que los reubicó en otro proyecto y espera resolver el conflicto

En una presentación que hizo en la Justicia, el gremio de UDAP afirma que tiene el apoyo mayoritario para darle solución al conflicto del barrio Fuentealba. Se trata del complejo habitacional que no pudo realizar y por el cual un grupo de damnificados demandó al sindicato en busca de una solución. En el escrito, indicó que cuenta con el apoyo de 30 personas, las que están a favor de ser reubicadas en otro proyecto inmobiliario, a través de gestiones realizadas con el IPV, las que aseguran, “están avanzadas”. Así, al ser un número mayoritario, por sobre las 25 personas que iniciaron la demanda, solicitaron a la Justicia que se tenga en cuenta esta opción para solucionar el conflicto. El reclamo original fue presentado a fines del año pasado a través de una “acción colectiva” que conformaron un conjunto de personas, las que buscaron que el gremio les restituya las sumas abonadas para la compra de sus casas y se lo condene a pagar un resarcimiento por “daño patrimonial y extrapatrimonial”. La solución que propone el gremio es ser trasladados al Barrio Valle del Sol, donde el Ejecutivo pondrá en marcha el plan de Operatoria Individual.

La presentación de UDAP fue confirmada por fuentes judiciales y gremiales, las que indicaron que se realizó la semana pasada con el objetivo de plantear una solución al reclamo que se hizo el año pasado. El conflicto del barrio Fuentealba no es nuevo, ya que data de antes de 2023, bajo la gestión del anterior secretario general del gremio, Luis Lucero. En ese momento, y al responder a un mecanismo de financiación de vivienda, a través de una operatoria gremial, UDAP decidió avanzar con el proyecto y vender carpetas para el desarrollo de un barrio al este del camping gremial, ubicado sobre calle Chacabuco, en Rivadavia. Dicha operatoria consistía en que un sindicato adquiría un terreno, subdividía las parcelas, transfería el predio a dominio del IPV para que este construya el barrio y los propietarios pagaran una cuota a esa repartición para cancelar la vivienda. Las anteriores gestiones provinciales lograron ese mecanismo gracias a que Nación aportaba parte de los recursos para, por ejemplo, hacer frente a las obras de urbanización. Dicho programa quedó trunco con el cambio de gobierno nacional, cuando la gestión de Javier Milei decidió cortar todos los desembolsos. Así, en el IPV no avanzaron en más desarrollos y aquellas personas que habían comprado las carpetas del barrio Fuentealba vieron apagadas sus ilusiones de acceder a la casa propia.

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Como habían hecho desembolsos con la promesa de que el barrio se concretara, después de varias idas y vueltas, a fines del año pasado iniciaron una acción judicial, planteo que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo que conduce Adriana Tettamanti. La demanda colectiva fue firmada por 25 personas, quienes tuvieron la representación de los abogados Renato López Moreno y Cristina Ferreyra, mientras que por el gremio, la respuesta legal llegó de la mano del apoderado del sindicato, Daniel Persichella, quien ahora ha indicado que tiene el apoyo de 30 personas, la mayoría.

La postura de UDAP que había trascendido en su momento, y que ahora fue oficializada en la presentación judicial, consiste en “la permuta de nuestro derecho en condominio de un lote sin urbanizar, por otro urbanizado por el Gobierno en el emprendimiento denominado Valle del Sol”. Esto es, que el Ejecutivo se quede con el terreno al este del camping de UDAP, mientras que las personas que compraron las carpetas reciban un terreno urbanizado en el nuevo barrio, el que, a su vez, está ubicado en un lugar cercano sobre calle Chacabuco.

La diferencia radica en que, para el primero, los propietarios tendrían que hacer frente al costo de urbanización, lo que implica hacer nuevos desembolsos por sobre los que ya hicieron, mientras que en el segundo la urbanización está realizada y puede ser afrontada dentro del plan del IPV para la construcción de la vivienda, incluso “con alguna financiación, apropiada a nuestra capacidad de pago”.

Así, en el escrito judicial se deja en claro que las pretensiones de ambos grupos, uno minoritario y otro mayoritario, chocan ya que, mientras el primero quiere que le reintegren la inversión más una condena por daño patrimonial y extrapatrimonial, el segundo busca “acceder a la vivienda propia”. Además, indica que la demanda colectiva “debilita las gestiones que venimos haciendo por ante el IPV”. Fuentes gremiales aseguraron que dichas tratativas están “avanzadas” y que, incluso, hay información aportada al expediente judicial.

Como el trámite en la Justicia está en su instancia inicial, las partes pueden llegar a un acuerdo a través de una mediación. Fuentes oficiales indicaron que desde el gremio esperan que eso ocurra o que, en última instancia, la jueza tenga en cuenta “la postura de la mayoría” para emitir una sentencia.