Al final, la Corte no sacará la acordada para adaptar la ley penal juvenil y lo hará Diputados en sesión especial, prevista para el viernes 11

La Corte de Justicia tenía el borrador de la acordada para adaptar el Régimen Penal Juvenil, basado en el sistema acusatorio de investigación fiscal, al Código Procesal que rige en la provincia para el fuero de menores, que está en las antípodas, ya que tiene a los jueces como directores del proceso judicial. En líneas generales, se buscaba darle a los jueces las facultades de los fiscales a la hora de tomar medidas alternativas a un juicio que apunten a una solución, como mediaciones y reparaciones del daño. Sin embargo, fuentes calificadas aseguraron que hubo discrepancias internas y del fiscal General, lo que llevó al freno del máximo tribunal. En esencia, se estaba legislando con una resolución de la Corte, que tiene carácter administrativo, lo que está reservado a otro poder del Estado, explicaron.

Por eso, trascendió que hubo contactos con representantes del Ejecutivo y el Legislativo y el tema se allanará con la sanción de una ley que permita tal adaptación de normas contrapuestas (el Régimen Penal Juvenil nacional y el Código Procesal Penal local para menores), de manea provisoria. De esa manera, está prevista una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo viernes 11, en la que se espera su aprobación.

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Así lo indicaron las fuentes, las que agregaron que la expectativa es que también ingrese y tome estado parlamentario, para su posterior discusión, el proyecto de Código Procesal Penal de Menores de la provincia. Tal iniciativa se adaptará plenamente al Régimen Juvenil nacional, dado que implementará el sistema acusatorio en ese fuero, como viene sucediendo en el caso de los adultos, lo que dejará zanjado el choque de normativas.

La celeridad se debe a que hoy mismo empezará a regir el Régimen Penal Juvenil, contenido en la ley nacional 27.801. Fue un proyecto impulsado por la gestión libertaria del presidente Javier Milei, que el Congreso aprobó el pasado 27 de febrero y que dispuso su aplicación en 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Esto último se produjo el 9 de marzo.

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Entonces, con el régimen en funcionamiento (se insiste, basado en el sistema acusatorio), ¿cómo hará los jueces y fiscales penales de Niñez y Adolescencia, teniendo en cuenta que siguen bajo un mecanismo antiguo, llamado inquisitivo mixto? Se presume que, a medida que vayan surgiendo delitos con la participación de menores, irán tomando medidas y resolviendo los casos con cierta coordinación para cumplir con la medida nacional, sin vulnerar derechos.

Hasta que salga la ley que establezca la adaptación de manera provisoria y, de forma definitiva, hasta que se sancione el Código Procesal Juvenil, lo que se vislumbra que sí llevará más tiempo. Es que, además de dicho cuerpo normativo, que contiene el acusatorio, su puesta en práctica implicará la creación de cargos, como los de al menos dos jueces, dos fiscales y dos defensores oficiales más.

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Por eso, ante la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, en la Corte, bajo la presidencia de Daniel Olivares Yapur, se planificó la acordada para llevar adelante la adaptación, de emergencia y provisoria. Luego de que estuviese el borrador, hubo análisis y la idea no convenció a todos. Uno de los que no compartió el criterio fue el ministro Juan José Victoria, dijeron las fuentes, y no trascendió si hubo otro que se opusiera a la resolución.

Además, agregaron que el fiscal General, Guillermo Baigorrí, tampoco estuvo de acuerdo. Como se señaló, la acordada tenía un carácter prácticamente legislativo, al tratar de acoplar las normativas, lo que es una facultad de la Cámara de Diputados. Así, corría el riesgo de ser inconstitucional y que, algún abogado que entendiese que se afectasen los derechos de su defendido (un menor), pudiese plantear su nulidad, destacaron las fuentes.

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El borrador de la acordada facultaba a los jueces a “prescindir del ejercicio de la acción penal”, es decir, no encarar la investigación contra un adolescente que comete un delito ni llevarlo a juicio, de acuerdo a las pautas establecidas en la legislación. Se trata de un principio conocido como “criterio de oportunidad”, el cual está reservado al fiscal, según indica el Régimen Penal Juvenil y los sistemas acusatorios vigentes.

En ese caso, se contemplaba la notificación al representante del Ministerio Público de tal decisión para que dé su opinión. Lo que no se determinó era si la postura fiscal era vinculante o no y, eventualmente, las sentencias, apelaciones y resoluciones iban a ir marcando jurisprudencia.

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La iniciativa de la Corte también le abría el juego a los jueces para que pudiesen encarar mediaciones, reparaciones de daños y probation (realización de tareas comunitarias a cambio de evitar el proceso penal). Medidas alternativas de solución de conflictos que están reservadas a los fiscales y que, en estos casos, se les iba a comunicar de tales decisiones.

Trascendió que los ministros se reunirán el lunes para terminar de sellar el tema y se verá si, en uso de la facultad de iniciativa legislativa que tiene la Corte, enviarán el proyecto para que lo tome la Cámara de Diputados y sancione la adaptación provisoria de ambas normas.