Va a juicio una megabanda que vendía droga dentro y fuera del Penal y lavó 113 millones en inmuebles y un auto

Era una megabanda, compuesta por 18 imputados, que se articuló a través de vínculos familiares y de parejas para vender cocaína tanto dentro como fuera del Penal de Chimbas. No fue lo único, ya que la organización también llevó adelante maniobras de lavado de activos por un total de 113 millones de pesos al adquirir cuatro viviendas y un Fiat Cronos 0 Km. Es decir, imprimirle un carácter de legalidad a dinero que viene de origen ilícito.

Todos los miembros de la red delictiva ya fueron acusados por el Ministerio Público y van camino a enfrentar el juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, con fecha a definir. El fiscal Fernando Alcaraz había formulado su acusación el pasado 27 de agosto, en una causa cuya investigación fue de agosto de 2024 a diciembre de 2025.

También te puede interesar: Salió del Penal y, en siete meses, movió $172 millones entre pagos y cobros por venta de drogas, por lo que volvió a ser condenado

No es la primera causa que sale a la luz sobre la comercialización de estupefacientes en el interior del Servicio Penitenciario Provincial, pero sí la que refleja una voluminosa estructura de integrantes.

El líder de la megabanda es Rodolfo Daniel Carrizo (alias Rody o el Jetón), quien fue señalado como jefe del Pabellón 4, Sector 2 de la cárcel, y dirigía la comercialización de droga, llevaba la cuenta de los internos que tenían deuda y guardaba la cocaína en el taller de carpintería.

También te puede interesar: Condenaron a otros dos imputados de la banda que traficaba droga dentro del Penal

Luego, Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel eran los encargados de vender cocaína puertas adentro del Penal y cobrar a través de sus billeteras virtuales y derivar los fondos hacia fuera de los muros carcelarios. El contacto externo era Ivana Gabriela Gómez, pareja del Jetón Carrizo, quien llevaba los registros de las operaciones, recibía las transferencias de los presos y gestionaba la compra de inmuebles, según la acusación que hizo el fiscal Fernando Alcaraz.

Esa era una pata de la estructura criminal. La otra era encabezada por Oscar Nahuel Carrizo (sobrino del “Jetón” Carrizo) y su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo. De acuerdo a la acusación, ambos coordinaban la compra, fraccionamiento y distribución de cocaína en Santa Lucía (Barrio Noroeste III) y Chimbas (barrios 7 Conjuntos II y Villa del Sur).

También te puede interesar: Antes del inicio del juicio por tráfico de drogas, un acusado le rompió la nariz a otro en el Tribunal y se suspendió la audiencia

Entre los diversos roles que desplegaban otros miembros de la banda, Marisa Matilde Robledo (madre de Carla Brizuela y suegra de Nahuel Carrizo) manejaba un punto de venta en el Barrio 19 de Noviembre y operaba cuentas de billeteras virtuales a nombre de otras personas bajo su mando.

Por su parte, Gustavo Iván Dávila Ochoa y Mauro Alejandro Dávila Ochoa actuaron como distribuidores en Villa del Sur. A su vez, Federico Fabián Carrasco Garín y Lucas Emiliano Pissano fueron acusados de custodiar el “búnker” principal de droga, ubicado en el Barrio Noroeste III, mientras que Graciela Antonia Rocha y Maximiliano Gabriel Rodríguez Rocha eran los que vigilaban un búnker “secundario” en el mismo complejo habitacional.

También te puede interesar: Entre 3 y 9 años, las condenas a la banda narco, cuyos líderes operaban desde el Penal

Por otro lado, Fiscalía sostuvo que Mercedes del Valle Roldán y Ramiro Alexis Castro González se dedicaban al narcomenudeo en las inmediaciones del Barrio 7 Conjunto I y del 19 de noviembre, mientras que Celina Agostina Carrizo (hermana de Nahuel Carrizo) también recibía transferencias desde el Penal y redistribuía los fondos hacia los organizadores externos.

Luego, se encuentra el eslabón del lavado de activos. Integrado por los testaferros Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada. Son los padres de Nahuel Carrizo, los que prestaron sus nombres para figurar como titulares de los inmuebles y el Fiat Cronos 0 Km.

También te puede interesar: Empieza el juicio contra una banda narco, cuyos líderes operaban desde el Penal, encargaron 115 kilos de droga y hay hasta un municipal implicado

La banda adquirió parcelas en el Loteo Fénix, de Santa Lucía. Una de ellas, identificada como Lote 19A, se compró en 6 millones de pesos el 16 de septiembre de 2024 y quedó a nombre de Ceferino Carrizo. El Lote 19B se comercializado el 27 de noviembre de 2025 por 14 millones de pesos y fue inscripto a nombre de María Andrada.

Ese 27 de noviembre, se registró a nombre de Ceferino Carrizo otros dos lotes (el 12C y el 12D) por 30 millones de pesos. Por último, hubo una cesión de un contrato de compraventa, efectuada el 21 de marzo de 2025 por 42 millones de pesos. En este caso, quedó para Carla Brizuela Robledo, pareja del Jetón Carrizo.

También te puede interesar: Procesan a narco y a su familia por lavar un récord de $433 millones de la venta de droga: tenía 9 inmuebles y 21 vehículos

En cuanto al Fiat Cronos, se compró el 4 de febrero de 2025 por 21 millones de pesos y se inscribió a nombre de Ceferino Carrizo.

La megabanda llegó a movilizar entre todos sus miembros más de 800 millones de pesos en billeteras virtuales, como Mercado Pago y Naranja X, desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2025.

También te puede interesar: Condenan a 10 integrantes de una reconocida banda que vendía drogas en 9 de Julio; solo dos seguirán presos

En ese marco, Mauro Dávila Ochoa recibió cerca de 247 millones de pesos y gastó poco más de esa suma en su cuenta de Mercado Pago. De esa manera, Fiscalía determinó que manejaba un promedio mensual de casi 21 millones de pesos sin que tuviese alguna actividad laboral o comercial declarada. La investigación arrojó que derivó más de 169 millones de pesos a proveedores de estupefacientes de Mendoza.

Otra cuenta que movió una suma importante fue la que administraba Marisa Robledo. Tuvo ingresos por poco más de 171 millones de ingresos y egresos por cerca de 168 millones. Según el Ministerio Público, fue una de las “cajas centrales” de cobro y abastecimiento de droga.

Por eso, el fiscal Alcaraz había solicitado 10 años de prisión para Nahuel Carrizo, 9 para Carla Brizuela Robledo, 8 para el “Jetón” Carrizo, 8 para Marisa Robledo, 7 años y 6 meses para Gustavo Dávila Ochoa, 7 para Gabriel Villarroel, 6 años y 6 meses de prisión para Facundo Torraga, 4 años y 6 meses para Ivana Gómez, Mauro Dávila Ochoa y Celina Carrizo; 3 años y 6 meses para Federico Carrasco, Graciela Rocha y Maximiliano Rodríguez Rocha; 3 años y 4 meses para Lucas Pissano, 3 años y 3 meses para Oscar Carrizo, y 3 años para Mercedes Roldán, Ramiro Castro y María Andrada.