El top 5 de los casos con más denuncias por estafas con lotes y viviendas

Las estafas con viviendas, lotes o supuestas casas del IPV, es una modalidad delictiva que ha crecido notablemente en el último año en San Juan. Cuando un caso sale a la luz, el expediente se engrosa ante la cantidad de denuncias de personas que aseguran haber resultado damnificadas por las maniobras fraudulentas de los responsables de estos emprendimientos inmobiliarios. 

Actualmente, no hay casos resueltos aún, ya que ante la creciente cantidad de denuncias, la Justicia debe ampliar los plazos investigativos. Estos hechos, los más resonantes de los últimos tiempos, tienes desde 36 actuaciones hasta más de 400, con varios imputados investigados por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. 

A continuación un repaso por los hechos con mayor cantidad de denuncias: 

5. Barrio UDA II: 36 denuncias

El conflicto se originó en 2006, cuando familias comenzaron a comprar carpetas para acceder a viviendas en el barrio UDA II, ubicado en Rawson, a través de la cooperativa La Fraternidad, que actuaba como intermediaria entre los compradores y el gremio UDA, mientras que el IPV sería responsable de la construcción.

Con el paso del tiempo, la cooperativa vendió 145 carpetas, superando ampliamente las 86 viviendas disponibles. Al ser consultados, los responsables explicaron que el excedente correspondía a un supuesto futuro anexo con 60 viviendas más, que nunca se concretó.

El 4 de noviembre de 2022 se entregaron las casas, pero cerca de 60 familias que habían pagado durante años quedaron fuera. Solo 36 de ellas iniciaron acciones legales, denunciando una presunta estafa al no recibir viviendas ni reembolso.

Por el caso, fueron imputados Segundo Salazar y Miguel Ceferino Aciar (que figuran como presidente y vice de la cooperativa, respectivamente) por el delito de desbaratamiento de derechos acordados. 

4. Loteo "Vista al Cerro" (tierras fiscales): 48 denuncias hasta el momento

Este caso trascendido a principios de septiembre, investiga la venta irregular del Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Médano de Oro (Rawson), un terreno de uso exclusivo para la actividad agrícola, donde se construyeron viviendas, quinchos y piletas, en aparente violación a su destino legal.

La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas abrió una causa por presunta estafa, luego de que 48 personas compraran parcelas en el loteo “Vista al Cerro”, conformado por 165 terrenos. Ante esa cifra de parcelas, se estima que la cantidad de damnificados podría ser aún mayor.

Los señalados como responsables son Estela Juana Capelli, José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz, quienes habrían fraccionado y vendido el terreno sin contar con título legítimo. Capelli figura como vendedora del predio a Díaz, quien luego habría realizado las subdivisiones. También se detectaron boletos de compraventa con firmas certificadas. Los demás tienen funciones de promotores, vendedores y recaudadores en esta presunta organización fraudulenta

Uno de los ejes de la investigación es la propiedad original del terreno. Capelli se habría presentado como heredera de José Hugo Capelli, supuesto adjudicatario del lote, aunque registros oficiales indican que ese hombre nunca lo recibió y falleció en 1994. En realidad, el lote fue adjudicado en 1997 a otra persona, de apellido Cerda, quien lo mantuvo hasta 2014. 

En resumen, las actuales 48 familias que ocupan el Lote 90, habrían adquirido sus terrenos de personas sin ningún derecho legal de venderlos, ya que el supuesto origen de la propiedad no solo es ilegítimo, sino inexistente en los registros oficiales del Estado provincial. 

La jueza de Garantías, Mabel Moya, decidió que los seis imputados, permanezcan en libertad por el plazo de un año, mientras dure la investigación. La decisión de la magistrada fue en contra de lo pedido por el Ministerio Público Fiscal, a cargo en esta causa de Duilio Ejarque, quien solicitó cuatro meses de prisión preventiva para los hermanos Díaz, José Alberto y Martín Gastón. Igualmente, la jueza decidió embargar las cuentas de los imputados. Los delitos que les endilgaron a los seis investigados son los de "estafa reiterada, asociación ilícita y usurpación".

3. Textiles y Nogales (70 denuncias)

Uno de los casos más resonantes del año es el que investiga la presunta defraudación con viviendas en los barrios Textil II y Los Nogales VII, por el cual hay tres imputados en la mira de la Justicia: el titular de la empresa constructora Afcom SRL, Francisco Fernández; el secretario general de la Unión Obrera Textil, Roberto Vega; y Miguel Ceferino Aciar, ex socio en la firma AFCOM (y también vinculado al caso que investiga las presuntas estafas en el Barrio UDA II).

Los tres imputados afrontan actualmente un total de 70 denuncias vinculadas a la supuesta venta de terrenos en dos barrios que nunca se construyeron. En un principio, la causa incluía 13 denuncias, a las que luego se sumaron 46 más: 23 por el barrio Los Nogales VII y otras 23 por el barrio Textil II. Finalmente, durante una nueva audiencia, se incorporaron otras once acusaciones, lo que llevó al Ministerio Público a ampliar el objeto procesal.

Tanto Vega, como Aciar y Fernández, se encuentran en libertad desde el pasado 20 de agosto, tras permanecer dos meses detenidos en distintas comisarías. Sin embargo, sus bienes y cuentas han sido embargados mientras dure la investigación.

Y eso no es todo: la última novedad es que el Ministerio Público Fiscal ha recabado nuevas denuncias que podrían ser incorporados en el expediente en los próximos días.

2. "Anhelo Desarrollos": más de 100 denuncias 

En agosto de 2024, Rubén Martín González, uno de los socios de Anhelo Desarrollos, fue condenado por la Justicia a entregar un inmueble en construcción y un departamento, o el valor equivalente de ambos, lo que fue tasado en cerca de 97 millones de pesos. No fue lo único, ya que tiene que pagar casi 4 millones por daño patrimonial, moral y punitivo por no cumplir el contrato en el que se comprometió a edificar y vender una vivienda. Además, tiene otras dos sentencias en contra, más tres juicios civiles, mientras que su ex-pareja, accionista en la constructora, María Denise Robles, acumulaba hasta ese momento unas 18 demandas, sumado a que hay otra causa contra ambos, todas vinculadas a incumplimientos en la entrega de inmuebles.

El conflicto, que comenzó en el ámbito civil, derivó también en denuncias penales. La UFI Delitos Informáticos y Estafas ha recibido casi 60 denuncias contra González y Robles, en las que se investiga si ambos actuaron de forma engañosa para estafar a los clientes y apropiarse indebidamente del dinero. En el fuero penal, el objetivo es imponer una condena con años de prisión, aunque se debatirá si esta será en suspenso o efectiva, dependiendo de la mecánica del delito.

El caso tomó fuerza a partir de denuncias públicas en redes sociales y luego se multiplicaron las presentaciones formales. Una de las más graves fue la de la familia Aubone, que afirma haber sido estafada por más de 37 millones de pesos tras firmar un contrato por un departamento en Concepción. La suma incluyó la entrega de un auto 0 km, dinero en efectivo y pagos mensuales.

González fue imputado por 53 hechos de defraudación por fraude y 8 por desbaratamiento de derechos adquiridos, mientras que Robles Bonade enfrenta 59 hechos de fraude, 6 de desbaratamiento y 1 por estelionato.

Ambos resultaron detenidos y permanecieron un tiempo en el Servicio Penitenciario, pero actualmente, están cumpliendo prisión domiciliaria desde el 28 de junio pasado.  

Recientemente, sumaron un tendal de nuevas denuncias en su contra, con contratos de obra para construcción de departamentos en Capital y loteo en Chimbas. Con estas nuevas imputaciones Martín González quedó vinculado a 102 causas mientras que su ex pareja, a 101, aunque el número puede aumentar en las próximas semanas.

1. Casa Noble (+400 denuncias) 

El caso con mayor cantidad de denuncias hasta el momento, es el que investiga una serie de estafas vinculadas a la venta de lotes, y que tiene como principales imputados a Héctor Storniolo y su pareja, Patricia Nacif. En la última audiencia de renovación de medidas cautelares celebrada el 30 de junio pasado, Fiscalía solicitó al juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi la extensión de la prisión domiciliaria que cumple Storniolo, ante el vencimiento de la medida dictada el 30 de diciembre de 2024 y la cual llegaba a su fin ese día.

La causa investiga una estafa reiterada que asciende a unos $2.700 millones, con la venta irregular de más de 300 lotes en barrios privados. Los compradores, confiando en las promesas de urbanización y escrituración, invirtieron en terrenos que finalmente no contaban con la aprobación legal ni con transferencias de dominio realizadas.

En el mismo expediente, está imputada Patricia Nacif, pareja del empresario, quien fue vinculada a la causa como "partícipe necesaria", aunque se encuentra en libertad.

El fiscal señaló que las denuncias comprobadas rondan las 400 y que restan pericias fundamentales para completar la investigación, por lo que en esa oportunidad solicitó que se mantengan las medidas cautelares contra Storniolo, al cual señalan como la columna vertebral de la causa, con una participación de un 90% en los casos denunciados. El juez hizo lugar y el emprendedor inmobiliario permanece detenido en su casa.  

Cabe recordar que en esta causa también fueron imputados el empresario Juan Mauricio Gallerano Lahoz, el arquitecto Diego Reta, la abogada Marianela Pérez Bedini y los operadores inmobiliarios Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla. 

En el caso de Gallerano Lahoz, arribó a un acuerdo económico con los damnificados para subsanar el perjuicio financiero y zafó de la imputación, quedando en libertad. 

Sánchez Montilla siguió la misma línea y se comprometió a pagar una reparación económica a más de 30 damnificados, por lo que también quedó en libertad. 

En el caso de Diego Reta y Federico Salinas, ambos se encuentran con prisión domiciliaria, mientras que Pérez Bedini ha quedado en libertad, pero con medidas coercitivas. 

Cabe señalar que existen más casos de similares características, con menor cantidad de denuncias e investigaciones en curso, lo que deja en evidencia que las estafas o maniobras fraudulentas con inmuebles, se ha convertido en un modus operandi muy recurrente en San Juan, con perjuicios millonarios y las ilusiones frustradas de familias que solo querían acceder a la vivienda propia.