Avance de la causa
El cortista Lima obtuvo el OK para participar por Zoom en la audiencia inicial en su demanda contra Vallejos
El ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, podrá participar de manera remota, a través de la plataforma Zoom, en la audiencia inicial del 20 de abril por la demanda por daños y perjuicios que encaró contra el empresario y dirigente político Sergio Vallejos, al que le reclama una indemnización de 60 millones de pesos por dañar su honor. La decisión fue del juez del Octavo Civil, Walter Otiñano, luego de que Marcelo Miranda Marini, abogado del cortista, hiciera el planteo, aseguraron fuentes judiciales.
De esa manera, no se dará el cara a cara entre Lima y Vallejos, un encuentro presencial que iba a desatar flashes por parte de los medios y en el que el cortista corría el riesgo de entrar en el barro de una disputa con el empresario y líder del partido Evolución Liberal, afecto a los cruces picantes y definiciones controvertidas. Si bien el ministro es un hombre que viene del peronismo (fue dos veces vicegobernador e intendente de la Capital reelecto) y conoce el juego de la política, desde hace seis años integra el máximo tribunal judicial de la provincia y no se lo vería entrando en una polémica.
La resolución del magistrado salió ayer y también le permite a Vallejos ser parte de la audiencia inicial por Zoom, si así lo desea. Se trata de otro capítulo en el pleito. El dirigente liberal, a través de su abogado José Becerra, había recusado sin causa al juez Luis Arancibia, del Primero Civil, a quien le cayó el expediente en el inicio.
El caso se sorteó y fue a parar a manos de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo. Ahí la recusación sin causa provino por parte del representante legal de Lima, lo que desató comentarios y especulaciones de todo tipo, dado que, como su nombre lo indica, es un planteo en el que no es necesario explicar los motivos por lo que se pide el apartamiento de la magistrada.
Así, en Tribunales recordaron que Tettamanti había sido quien declaró en 2022 la inconstitucionalidad del primer Código Electoral que se aprobó en una polémica sesión durante la gestión uñaquista, el cual eliminaba las PASO y reinstalaba las internas partidarias. Al final, la Sala IV, de la Cámara Civil, revocó esa sentencia y habilitó el cuerpo normativo, aunque, luego, en un acuerdo entre el uñaquismo y el giojismo, sacaron un nuevo Código, el que contiene el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, y que aún está vigente. No obstante, el orreguismo presentó un proyecto para derogar tal sistema de votación.
La sentencia de Tettamanti había provocado sumo malestar en el oficialismo de entonces, lo que tuvo un coletazo en el Poder Judicial. En ese momento, la Corte hizo cambios en el funcionamiento y el Contencioso Administrativo perdió la exclusividad en la competencia de esa materia, es decir, en las causas de particulares contra el Estado, la que se repartió en el resto de los juzgados civiles.
Tras la recusación de Tettamanti, el expediente desembarcó en el Octavo Civil, a cargo de Otiñano, quien fijó el 20 de abril para la audiencia inicial, una instancia clave, en la que los protagonistas (vía remota o presencial) deben participar obligatoriamente con sus abogados y sostener la prueba (documental y pericias, por ejemplo) que ofrecieron en la demanda y la contestación, entre otras funciones.
Inclusive, existe la chance que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. Difícil en este caso, dado que, se presupone, Vallejos llevará la pelea (con su impacto político y judicial) hasta las últimas instancias.
Lima demandó al dirigente liberal a raíz de las dos denuncias de juicio político que había presentado en su contra en la Cámara de Diputados. En líneas generales, Vallejos cuestionó al cortista, al igual que sus pares Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto, por su actuación en la causa por la expropiación de la exbodega La Superiora. En ese Mareco, los acusó de “beneficiar inescrupulosamente a los amigos del poder, en detrimento del erario público” de Rawson.
Además, el empresario pidió el juicio político contra Lima por no haber renunciado a la titularidad del Registro Notarial N°22, por lo que incurría en un “grave acto de incompatibilidad” al asumir como ministro del máximo tribunal.
En cambio, Miranda Marini, abogado de Lima, había criticado que las denuncias contienen “hechos sin ningún respaldo, sustento, fundamentación ni medio de prueba. Con el agravante de que son falsos”. El profesional había remarcado que las presentaciones del líder de Evolución Liberal fueron de una “irresponsabilidad total” y un “ejercicio abusivo” del proceso de destitución contra el miembro del máximo tribunal.