Julián Gil violó la Ley de Responsabilidad Fiscal y analizan denunciarlo penalmente

Cuando asumió fue polémico y a pesar de no seguir al frente del Municipio de Caucete, Julián Gil sigue dando que hablar: ahora analizan denunciarlo penalmente por varias irregularidades cometidas violando la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que está adherido el municipio.

Esta semana se conoció la oficialización de dos decretos municipales, firmados por Romina Rosas, en donde se da de baja, primero a los contratos que se celebraron entre el 1/11/2019 y el 31/12/2019 de Programas de Inserción Laboral Departamental, llamados comúnmente PILD; también se dieron de baja a las recategorizaciones que allá por julio y agosto había autorizado Gil de varios agentes de planta permanente.

Según pudo conocer 0264Noticias con esas dos anormalidades que van contra el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, además de la Carta Magna tanto de la Provincia como de Nación, es que la actual gestión queda habilitada para accionar penalmente contra el exintendente.

El decreto 281-M-2019 es el que da de baja a los contratos que se celebraron entre 01/11/2019 y el 31/12/2019 correspondientes al Programas de Inserción Laboral Departamental. Según fuentes municipales el número de PILD llegarían a los 700 en total e incluso algunos de los contratados aseguraron en las oficinas cuando se presentaron a cobrar, que habían accedido al programa "el 9 de diciembre a la tarde".

En el decreto firmado por Rosas advierten que estos contratos son actos "irregulares y maliciosos" que además de ir contra el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, también infringen el Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos además de quebrantar el artículo 43° de la Carta Magna provincial. Con todas esas irregularidades dice el decreto "ocasionando Gil posibles sanciones contra el Municipio". 

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De todos modos se aclara que "los contratos suscriptos bajo la modalidad PILD celebrados entre la Municipalidad de Caucete y cada uno de los beneficiarios de los mismos, anteriores al período citado en el artículo 1°, continuarán en vigencia".

La Ley de Responsabilidad Fiscal provincial establece que "los gobiernos municipales durante los tres últimos trimestres del año de fin de mandato no pueden realizar incremento del gasto corriente de carácter permanente, entendiéndose por incremento del gasto corriente de carácter permanente aquellos gastos que se prolonguen por más de 9 meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural".

Por lo que al haber recategorizado a parte del personal de Planta Permanente durante los meses de julio y agosto, a través de los decretos 113-M-2019 y 131-M -2019 incumplió no tan sólo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, sino, según lo publicado en el Boletín Oficial, "los actos administrativos irregulares quebrantan normas provinciales y municipales además de la Carga Magan Nacional y Provincial".

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Romina Rosas decidió dar de baja a esa recategorizaciones y dar la "baja retroactiva al momento de la emisión de los decretos".

Según lo establecido para "las promociones y recategorizaciones podrán ser considerados aquellos agentes que cuentan como mínimo con 2 años de actividad efectiva ininterrumpida en la repartición en donde han sido designados, revistando durante el mismo plazo en la misma categoría y sólo podrá promocionar hasta dos categorías en cada oportunidad salvo excepciones debidamente fundadas".

Como esos empleados no cumplían con las condiciones establecidas es que la actual intendenta decidió la "baja retroactiva al momento de la emisión de los decretos".

M. Sosa