Un imputado dijo que fue presionado por sus cómplices y habrá juicio por el secuestro de 76 kilos de cocaína

A cambio de una rebaja de la pena en el marco de un juicio abreviado, Fabricio Canales, oriundo de Salta, había reconocido su responsabilidad en el transporte de 76 kilos de cocaína y había aceptado una condena de 4 años de cárcel. Al mismo acuerdo habían arribado sus compañeros de viaje, Ramón Nuñez y Alex García, pero con castigos de 6 años de prisión. Sin embargo, a través de su nuevo abogado, Canales Gómez planteó que fue presionado por sus cómplices para “echarse la culpa” en esa modalidad de juicio, indicaron fuentes calificadas. Frente a ello, el fiscal Francisco Maldonado pidió que se haga efectivamente el debate oral, a lo que el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), dispuso que se lleve hoy adelante, a partir de las 11.30.

La situación es llamativa. Un abogado representaba a los tres imputados y fue el que acordó, en nombre de sus clientes, el juicio abreviado con el fiscal Maldonado. Dicho mecanismo consiste en que los acusados admiten su responsabilidad en un hecho delictivo y aceptan un castigo, a cambio de una rebaja en la pena, dado que se considera que colaboró con la resolución de la causa. Pero el proceso no termina ahí, ya que los implicados estuvieron en la audiencia con el juez Doffo, quien les preguntó si firmaron voluntariamente el acuerdo de juicio abreviado, a lo que le respondieron que sí.

De hecho, el magistrado iba camino a dictar sentencia, pero, en el medio, Canales cambió de abogado, el que, según las fuentes, expuso que su cliente había sido presionado por sus cómplices para que aceptara el juicio abreviado. Además, pidió la separación de juicio, es decir, que el imputado tuviera un proceso aparte del resto de los acusados.

En ese sentido, Maldonado, en primer lugar, se opuso a un juicio independiente, dado que Canales, Nuñez y García están implicados en el mismo hecho. En segundo término, ante el planteo de que fue presionado, el fiscal pidió que se realice el debate, lo que dispuso Doffo.

El caso representó el mayor secuestro de cocaína. El hecho se produjo el 15 de septiembre de 2023, cuando los tres imputados venían desde Mendoza y pasaron por el control de El Encón, por la Ruta 142, con rumbo a San Luis. La sospecha gira en torno a que salieron desde Salta, su provincia de origen, y el destino final era Córdoba.

En el control, personal del Escuadrón Núcleo San Juan de Gendarmería paró el Toyota Corolla en la que iban los procesados, les solicitó de documentación y llevaron adelante una revisación del vehículo.

En ese momento, Alex García, el conductor, se acercó a una gendarme y le dijo: “Señorita, no diga nada, arreglemos entre nosotros. Yo le doy plata, pero no diga nada”, según consta en el expediente, en el que figura que le ofreció 200 mil pesos. La uniformada rechazó la coima y, junto a sus compañeros, ordenó que abrieran el baúl de la camioneta, en la que encontraron dos valijas y un bolso, además de que sacaron otro bolso que iba en la parte de atrás, al lado de Núñez. El secuestro arrojó 72 paquetes (ladrillos, en la jerga) que dejó un total de 76 kilos con 144 gramos de cocaína.

Los gendarmes les secuestraron los celulares y una perica de la fuerza de seguridad nacional, con base en la provincia, concluyó que el que estaba en poder de Nuñez reflejaría una actividad ligada a la venta de estupefacientes, de acuerdo a las fotografías, audios y conversaciones detectadas. A su vez, en los archivos encontrados en el teléfono de García, los peritos determinaron que se dedica al negocio de la verdulería, el cual sirve de “modus operandi” para la comercialización de droga. El informe llega a ese resultado porque el “alto costo de transporte, gasto de materia prima, de empleado y vuelos de avión” no serían redituables para un comercio de verduras.

Por eso, García, Nuñez y Canales están imputados como autores del delito de transporte de estupefacientes, además de que el primero también está en la mira por cohecho al ofrecerle una dádiva a la gendarme. La escala penal del delito es dura para los tres, ya que parte de los 4 años. En juicio, se verá si el fiscal pide los mismos castigos que se habían acordado o va por penas más altas.