Continúa la polémica en la UNSJ

Ex asesor de la denunciante de Bloch criticó a la Oficina de Género y a los consejeros “abstemios”, y raspó a un gremio y al rector

Dijo que la Oficina creada por la UNSJ formuló una denuncia “deficitaria” y remarcó “su falta de presencia”. Habló de “hipocresía” en el ámbito universitario.
Fundamento. El abogado Conrado Suárez Jofré resaltó que hubo elementos que sostienen el acoso laboral y sexual y que el decano denunciado no rebatió ninguno de ellos.
Fundamento. El abogado Conrado Suárez Jofré resaltó que hubo elementos que sostienen el acoso laboral y sexual y que el decano denunciado no rebatió ninguno de ellos.
domingo 06 de octubre de 2024

Sin vueltas, el abogado Conrado Suárez Jofré, ex asesor legal de la mujer que denunció por acoso sexual y laboral al decano de la Facultad de Exactas, Rodolfo Bloch, expuso sus críticas luego de que el Consejo Superior archivara el caso y se cayera el pedido de destitución a la autoridad universitaria. En primer término, cuestionó a la Oficina de Género de la UNSJ, el lugar inicial al que acudió la víctima, por formular una denuncia “en términos deficitarios”, además de remarcar “la falta de presencia” del organismo. No fue lo único, ya que calificó, de “abstemios, con algún grado de ironía”, a “aquellos consejeros que se abstuvieron, encontrando una posición cómoda”, al decir que “no hay pruebas y que son contradictorios el informe (sumarial) y el dictamen (legal)”.

El profesional no se quedó ahí, ya que le pegó un raspón al gremio APUNSJ y al rector Tadeo Berenguer. El sindicato, que conduce Daniel Durán, adelantó que presentará un recurso ante el Consejo Superior para que revea su propia decisión. “Celebro ese respaldo actual del gremio porque no fue automótico”, destacó Suárez Jofré, dado que “hubo que recordarle, en su momento, que había un convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que hacía que estuviera del lado correcto”.

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No obstante, Durán había señalado que “hemos estado asistiendo, desde el primer momento, a nuestra afiliada, con la reserva, el secreto y la seriedad que todos estos procesos implican”.

Con respecto a la máxima autoridad de la casa de altos estudios, el abogado destacó que “debo también recordar que el expediente durmió varios días, superando el mes, en el despacho del rector”. De todas formas, también indicó que “celebro la actitud actual del rector en orden a la coherencia con una determinada política institucional de género”.

Suárez Jofré brindó las declaraciones en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, luego de que aún persista el escándalo tras la decisión del Consejo Superior, además de que tuvo fuertes definiciones sobre la “hipocresía” en el ámbito universitario.

Un sumario administrativo y un dictamen legal señalaban que Bloch incurrió en acoso sexual y laboral contra una empleada y les recomendaban a los consejeros que le pidieran a la Asamblea Universitaria que desplazaran al decano de su cargo. Para ello, el organismo tenía que llegar a 26 votos de sus 39 miembros, pero tan sólo hubo 19 votos afirmativos, mientras que se dieron 13 abstenciones (con los decanos al frente) y seis en contra.

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Suárez Jofré es un reconocido abogado que trabajó como asesor de la denunciante de Bloch, mientras que su esposa, Alejandra Rojo, era la patrocinante. Ambos renunciaron para abocarse, como querellantes, en la acusación contra los imputados por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea. Por ese mismo motivo, el profesional pidió licencia en su puesto como consejero superior.

Así, conocedor del tema, manifestó que la resolución del organismo le generó “una sensación absolutamente desagradable. Nos pareció lamentable ver que esto gira en torno a la hipocresía. Lo digo así porque, a la hora de estar de acuerdo con los derechos humanos, son muy pocos los que van a oponerse. El tema de la adhesión a la perspectiva de género en abstracto es una cosa y, en el momento específico, concreto, se prefirió salvar al compañero Bloch. Nos pareció una pérdida enorme de credibilidad en relación a la construcción cultural que la Universidad Nacional de San Juan viene haciendo hace años sobre los derechos humanos, en este caso, vinculados al género”.

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En ese marco, ahondó: “Lo hemos visto también a nivel nacional en más de una vez. Llegado el caso ‘el yo te creo hermana’ se desplaza por no hablemos nada de Alperovich (José, exgobernador peronista de Tucumán, condenado por abuso sexual) o no le creemos nada a Fabiola Yañez porque eso conspira contra el ‘compañero’ Alberto (Fernández, expresidente de la Nación)”.

Por eso, resaltó que “es lamentable. Cuando uno se apropia de una causa legítima, justa y de determinados discursos que nos fortalecen como sociedad, y eso no lleva consigo una actitud que conlleve decisiones auténticas, lo que pierde es el discurso de derechos humanos y la causa justa”.

De esa forma, manifestó que “despúes nos quejamos de los discursos violentos, de odio, de libertarios o de (Javier) Milei. Pero se desarma todo de un plumazo porque existen hipócritas que se valen ilegítimamente de causas nobles”.

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Con respecto al accionar de la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ, Suárez Jofré detalló que “la víctima era tomada más como denunciante y no como víctima en sí”. Además, agregó que hubo “vacíos de tiempo muy extraños”, dado que explicó que, desde que la mujer tomó contacto con el organismo, recién al mes se redactó una denuncia “que no supera las dos carillas”.  Así, indicó que hubo “poco de fortaleza en ese trabajo, habiendo una institución destinada a ese cometido, publicitada en todo momento con bombos y platillos”.

Luego de ello, el abogado contó que, después de “aquella denuncia bastante despojada de la Oficina de Género, viene una ampliación de denuncia en la que pudimos demostrar que claramente se transitaba por la acreditación de la verdad”. De esa manera, subrayó que “la universidad invierte muchísimo, capacita y genera organismos y procedimientos. Entonces, lo que aspiramos es que una Oficina de Género tenga la enjundia técnica. Son momentos difíciles, uno tiene que justiricar todo ese gasto, si no, terminamos dando razones a quienes quieren cortar gastos porque ve que todo eso es hipocresía”.

Postura. El abogado Conrado Suárez Jofré fue muy duro con respecto a la “hipocresía” en el ámbito universitario en cuestiones de género.

 

Ante la consulta si se debió a una carencia de capacidad o mala intención, indicó que lo que puede haber “son especulaciones. Alguien dirá que esa fortaleza técnica aparece mucho más rápido cuando el denunciado es un perejil. O, y esto lo digo yo, quizás, esa enjundia técnica aparezca cuando el denunciado no es un compañero de facción política. El ‘yo te creo hermana’ depende de quién es la hermana. Acá es peor porque lo que se está viendo, desgraciadamente, es que se quiere ver quién es el denunciado”.

En cuanto a los consejeros que se abstuvieron, entre los 13 sobresalieron los decanos de Ingeniería, Mario Fernández; de Filosofía, Myriam Arrabal; de Sociales, Marcelo Lucero, y el director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, además del titular de Arquitectura, Guillermo Velasco, candidato al Rectorado. Salvo este último, el resto son aliados del rector Berenguer.

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El decano Velasco había dicho en un comunicado que “no se contaban con las pruebas con la contundencia necesarias”. A su vez, su par Lucero y las consejeras Cecilia Yornet y Marcela Saffe habían señalado en una publicación en redes que no encontraron una fundamentación contundente, que hubo “inconsistencias en el expediente” y “diferencias notables” entre la instrucción sumarial y el dictamen legal.

 

Ante ello, Suárez Jofré resaltó que “las personas que dicen que no hay pruebas, que digan claramente cuáles son las que ha arrimado el denunciado que controvierten y debilitan la versión de la víctima. Es muy fácil decir no hay pruebas y son contradictorios los dictámenes y el informe”.


Además, agregó que “hay una cosa muy extraña en decir que faltan fundamentos y pedir que no esté presente la persona que ha trabajado en los fundamentos jurídicos, que era el director General de Asuntos Legales, José Luis Miolano y la sumariante”.

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En ese contexto, resaltó que “lo que perfectamente se pudo demostrar es que estaban dados los elementos probatorios”. Por otro lado, hizo hincapié en que “los descargos del denunciado en modo alguno rebatieron la versión acreditada, sostenida por elementos probatorios de la denunciante”.

En cuanto al raspón al gremio APUNSJ, el abogado se limitó a agregar que, al principio, le hicieron ver “al sindicato que no era cuestión de estar pensando el tema y que se viera qué pruebas había. Y se les acercaron todas las pruebas”. Por eso, celebró que ahora encare un pedido de revisión al Consejo Superior. Además, les sugirió que “vieran la violencia institucional como uno de los tipos de violencia que prevé la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer. Porque acá no sólo es la actitud de violencia sexual en orden al acoso, lo que puede llegar a haber es la inacción de las autoridades. Debo recordar que el expediente durmió varios días en el despacho del rector”.

Así, agregó que “celebro la actitud actual del rector”, pero “no podría negar que fuimos buscados como abogados, en tanto que la víctima buscó ayuda al advertir que hubo una demora allí”.

 

Se viene otra disputa por la revisión del archivo de la causa

El viernes, la Asamblea Extraordinaria de socios del gremio APUNSJ, que nuclea al personal no docente universitario, le otorgó el mandato a la conducción para que presente un recurso de reconsideración ante el Consejo Superior, había explicado el secretario General, Daniel Durán, en el programa “Demasiada Información”, de Radio Sarmiento.

El sindicalista explicó que se trata de “un mecanismo administrativo, previsto en la normativa vigente, el que le da la oportunidad al Consejo Superior a revisar, profundizar y cambiar de decisión en el caso de que lo consideren necesario”.

Ahora, Durán reconoció que el organismo tiene que, primero, admitir el recurso de reconsideración, lo que “requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes” de los integrantes. Es decir, 26 votos. Todo un dato, teniendo en cuenta que ese era el número que era necesario para que el pedido de remoción pasara a la Asamblea Universitaria y allí se definiera el tema, cosa que apenas se consiguieron 19.

Embestida. Daniel Durán, secretario General de APUNSJ, el gremio que nuclea al personal no docente de la universidad. El sindicato presentará un recurso de revisión.

Ante la consulta de si veía difícil que los consejeros que se abstuvieron y votaron en contra cambiaran de decisión, el gremialista indicó que, “la verdad, no sabemos. Porque otra cosa que nos ha encomendado nuestra Asamblea es que tengamos la oportunidad de llevar adelante charlas con los consejeros que así lo deseen para darles a conocer la carga de la prueba”.

Durán señaló que “muchos de ellos han argumentado que la prueba era insuficiente o que no la conocían. Inclusive, hubo algunos argumentos, que no se han vertido en estos últimos momentos, pero que sí han venido contaminando la causa como que esto era un armado político contra las expectativas del decano Bloch de ser rector. No tiene absolutamente nada que ver. Es una simple trabajadora que ha sufrido hostigamiento y acoso. No tiene ningún condimento ni trasfondo político atrás”.

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Fuentes judiciales habían explicado que el reglamento interno del Consejo habla del recurso de reconsideración, el cual debe ser presentado por uno de sus integrantes, pero el artículo no dice mucho más. Entonces, ante esa ausencia, se aplica de manera supletoria la reglamentación de la Cámara de Diputados de la Nación, la que señala que las reconsideraciones pueden ser planteadas ante asuntos que estén pendientes durante su tratamiento y no cuando ya haya culminado la sesión. Por eso, algunos ven difícil que prospere.

Al ser consultado, Suárez Jofré indicó que “seguramente van a haber visiones encontradas”. Aunque opinó que, “independientemente del reglamento, la posibilidad de la administración de revisar sus actos es una prerrogativa. Es decir, es un beneficio más. Cuando a la administración se la lleva rápidamente a juicio, la defensa más conocida es que no le permitieron revisar mis errores. No agotaron la vía administrativa. Si soy un funcionario y me permiten revisar como he procedido, con nuevos argumentos e indicaciones, me parece que es un beneficio para la universidad”.