Graffigna denunció que De Sanctis, como fiscal de Estado, usó un documento falso para que la provincia se beneficie en un juicio

En el inicio de sus alegatos defensivos, en el megajuicio de las expropiaciones, el principal imputado, Santiago Graffigna, confirmó que presentó una denuncia penal contra el actual ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis. El abogado, imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación, sostiene que el actual miembro del máximo tribunal de Justicia de la provincia incurrió en el delito de falsificación de documento, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando cumplía funciones al frente de la Fiscalía de Estado. Específicamente, denunció que De Sanctis, junto con otros miembros del organismo que defiende los intereses de la provincia, más el abogado Rubén Pontoriero, adulteró un fallo y lo presentó como prueba en la Justicia para pedir la nulidad de un juicio de expropiación, y así, lograr que la provincia recupere fondos que fueron desembolsados. La denuncia recayó en la UFI Delitos Especiales, pero no es lo único, ya que Graffigna fue más allá, ya que, a través de su abogado Marcelo Fernández, también denunció el presunto delito ante la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

No es la primera vez que Graffigna denuncia irregularidades en los juicios de expropiación en los que está imputado junto con otras once personas, entre las que se encuentran su colega Horacio Alday, el exjuez Civil Carlos y el exfiscal de Estado Mario Díaz. La presentación se suma a las que hizo anteriormente, antes de que se inicie el debate y durante toda la etapa que demandó la investigación, su procesamiento y la elevación de la causa a juicio. Muchos de los planteos fueron rechazados y otros quedaron pendientes de resolución junto con el dictado de la sentencia. En este caso en particular, se trata de una denuncia penal, que si bien está vinculada a un juicio de expropiación, aparece como un hecho nuevo que será analizado por la UFI Delitos Especiales, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación o si, por el contrario, cabe desestimarla.

Por otro lado, la denuncia se presenta en una etapa clave del juicio, los alegatos, donde las partes deben exponer fundamentos sobre lo que se ventiló en el debate, con el objetivo de convencer al tribunal antes de la sentencia. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal, a través de Daniel Galvani, entiende que hay elementos suficientes para condenar a Graffigna, al punto que solicitó una pena de 15 años de prisión. Mientras que la Fiscalía de Estado, como parte querellante y a través de su titular Sebastián Dávila y el abogado Rubén Pontoriero, solicitaron un castigo más elevado, 25 años de prisión contra el principal imputado, por entender que se trata del jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con millones de pesos.

Sobre la denuncia, Graffigna sostiene que De Sanctis, como fiscal de Estado, y junto al equipo de ese organismo, falsificó un documento que presentó ante el juzgado Contencioso Administrativo, con el objetivo de anular una sentencia que obligó a la provincia a pagar poco más de un millón de pesos por una expropiación. La provincia inició esa acción, junto con otros 18 planteos, para detener los pagos millonarios a favor de Graffigna y, para los casos en los que hubo desembolso, que los beneficiarios, el abogado y quienes fueron propietarios de los terrenos, reintegren los montos al Estado. Esto es porque, para la provincia, esos juicios de expropiación fueron “amañados” por Graffigna y el resto de los imputados.

Según la denuncia, para pedir que se anule el juicio, el exfiscal de Estado presentó como prueba un procesamiento que no existió. Incluso, indican que ese documento figura que fue dictado el 10 de diciembre de 2015 por el juez Benedicto Correa, quien estaba al frente del Quinto Juzgado Penal, pero que no existe un fallo de ese juez en esa fecha. Además, indican que el presunto escrito fraudulento tiene un agravante, figura dentro del procesamiento y quien habría actuado a favor de Graffigna, el juez Roberto Pagés Llovera “quien jamás fue citado siquiera a prestar declaración de ningún tipo, vale decir, no fue citado a prestar declaración testimonial, como tampoco fue citado a prestar declaración informativa, y mucho menos indagatoria”, dice la denuncia.

Eso no es lo único, ya que, además, sostienen que De Sanctis y su equipo en realidad lo que hicieron fue cambiar el texto de un fallo dictado contra la exjueza, fallecida, Rosalba Marún. Esto es, en el lugar donde figura el nombre de la exmagistrada, pusieron “Roberto Pagés”, no sólo eso, sino que también “introdujeron otro número de autos y carátula”. En términos más concretos, según denuncian, utilizaron elementos de dos juicios “Basañes Alberto C/ Provincia de San Juan – exp. Irregular” y “IPV C/ Suraty y otra – S/Expropiación” para que figuren en el pedido de nulidad del juicio “Provincia de San Juan C/ Luna Ricardo S/ Expropiación”.

En ese marco, indicaron que incurrieron en esa falsedad para que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, cometiera un error, dicho escenario recaería en el delito de estafa procesal.

Fuentes calificadas indicaron que de los 19 pedidos de nulidad que inició la provincia para frenar los pagos, y que se devuelvan los montos, todos están frenados, incluso por acuerdo entre las partes, la provincia y Graffigna. Esto es, a la espera de que se finalice el megajuicio, ya que, si los imputados son condenados, la Fiscalía de Estado solicitó al tribunal que se devuelvan los montos liquidados.