De Carmen de Patagones a Mendoza, y los antecedentes en San Juan: los casos más graves de violencia armada en escuelas argentinas

El país volvió a hablar de violencia escolar luego de que, este miércoles, una alumna de 14 años ingresara a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, con una pistola 9 mm. La joven realizó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio hasta que fue reducida. No hubo heridos, pero el episodio encendió las alarmas sobre la seguridad en los establecimientos educativos. Este episodio hizo recordar que en San Juan también hubo episodios.

En agosto pasado, en la escuela General San Martín de Jáchal, un alumno de 11 años ingresó con un arma de fuego cargada, balas y cuchillos. El hecho se conoció gracias a sus compañeros, que alertaron a sus padres. La denuncia desató un fuerte reclamo de la comunidad educativa, que llegó incluso a suspender las clases hasta obtener garantías de seguridad. La investigación quedó en manos de la Justicia.

El antecedente más estremecedor en la provincia ocurrió el 4 de abril de 2011 en la escuela Faustina Sarmiento Belín, en Desamparados. Ese día, un adolescente de 14 años disparó con un revólver calibre 38 hacia la dirección, donde estaba la directora. La bala atravesó el vidrio y cayó a centímetros de la docente, que salió ilesa de milagro. El menor huyó, pero fue reducido por la Policía a pocas cuadras; por su edad fue entregado a sus padres y no enfrentó sanciones penales.

En la Capital, apenas días atrás, se vivió otro episodio de violencia escolar, aunque sin armas de fuego. En la Escuela 25 de Mayo, una reunión pedagógica terminó en golpes cuando la madre de una alumna de 17 años irrumpió en la secretaría y atacó a la directora con trompadas y tirones de cabello.

A nivel nacional, los casos de violencia armada en escuelas son escasos, pero no inexistentes. Desde el regreso de la democracia no llegan a diez. El primer antecedente documentado ocurrió en mayo de 1997, cuando un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Aquella muerte inauguró un tipo de episodio hasta entonces inédito en América Latina y encendió una discusión pública sobre el acceso a armas en hogares con menores.

El siguiente caso ocurrió el 4 de agosto de 2000, en Rafael Calzada, un alumno de 19 años se presentó con un revólver calibre 22 en la puerta de la Escuela de Educación Media N.º 9, disparó e hirió a dos compañeros; uno de ellos murió dos días después. La Justicia lo declaró inimputable tras pericias psiquiátricas que describieron un episodio psicótico. Ese expediente colocó por primera vez al bullying en el centro del debate público, a partir de los testimonios y peritajes producidos en la causa.

El expediente judicial permitió establecer la secuencia central y el arma utilizada, y dio pie a recomendaciones de intervención temprana frente a situaciones de hostigamiento sostenido. Este hecho impulsó la creación de guías y protocolos en distritos con atención específica a la convivencia escolar y a la derivación por riesgo.

El 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, se dio uno de los casos más emblemáticos y letales del país. Allí, un alumno de 15 años ingresó con una pistola Browning 9 mm perteneciente a su padre, que era suboficial de Prefectura Naval, y abrió fuego dentro del aula del Instituto N.º 202 “Islas Malvinas”. En ese episodio, murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. Fue inimputable por su edad y luego diagnosticado con esquizofrenia; el caso motivó duelo nacional y una jornada de reflexión en todas las escuelas.

La investigación y las medidas posteriores incorporaron aprendizajes clave: el almacenamiento seguro de armas reglamentarias, la activación de dispositivos de salud mental y la necesidad de simulacros y protocolos de emergencia en colegios.

Tras un período de casi 20 años sin ataques letales, en 2023 se registró un episodio de alto riesgo en Florencio Varela. Una alumna de 16 años llevó una pistola Bersa 380 y 150 municiones a la Escuela Secundaria N.º 26. La intervención de las autoridades permitió secuestrar el arma y derivar a la estudiante; su familia informó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

El episodio volvió a situar el foco en el acceso doméstico a armas y en las señales de alarma que deben atenderse desde la escuela y los equipos de salud. En ese distrito y otros del conurbano se reforzaron comunicaciones con familias y equipos de orientación escolar, y se solicitaron pericias sobre la aptitud de los adultos responsables del arma.

En abril pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó en WhatsApp un plan de tiroteo, con referencias a armas disponibles en el entorno familiar. La denuncia de padres permitió la intervención de la Justicia, que dispuso medidas de restricción y allanamientos.

La fiscalía del fuero juvenil ordenó que los involucrados no regresaran a clases presenciales por un período y continuaron de manera virtual, mientras se evaluaban indicadores de riesgo. El caso reactivó charlas preventivas en escuelas de la zona y puso en agenda la incidencia de redes sociales y mensajería en la escalada de amenazas entre pares.

El último caso se dio hoy, en La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó a la Escuela Marcelino H. Blanco con una pistola 9 mm que, según fuentes policiales, pertenece a su padre.

La menor realizó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio hasta qué equipos especializados y mediadores lograron la evacuación y el resguardo del resto de los estudiantes. No se registraron heridos.

La fiscalía penal juvenil de La Paz supervisó el procedimiento, mientras el Ministerio de Seguridad provincial activó equipos de intervención y revisó el circuito de custodia de armas de personal policial fuera de servicio.