Una empresa reclama que la provincia le pague 150 millones de dólares porque no pudo desarrollar su proyecto de cannabis medicinal

Una de las empresas que se instaló en la provincia para desarrollar productos de cannabis medicinal le reclama al Estado 150 millones de dólares. El monto fue confirmado por fuentes oficiales las que indicaron que hubo una instancia administrativa que fue rechazada, por lo que la compañía decidió llevar el caso a la Justicia, con un paso inicial que se dio en el 9no Juzgado Civil, planteo que hasta el momento no tuvo resolución. La firma es Green Health, que tiene como representante al abogado Ernesto Clavijo, la que entiende que San Juan debe pagarle la suma millonaria, más de 220 mil millones de pesos. Según explicaron las fuentes, apunta a los “daños y perjuicios ocasionados por no poder cultivar y vender” los productos que tenían pensado desarrollar y porque “la provincia no hizo nada” para que Nación dicte una norma habilitando la comercialización de los productos, lo que hasta el momento está frenado. 

El desarrollo de productos de cannabis medicinal fue un proyecto que promovió la gestión uñaquista con la creación de una empresa estatal, Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CANME). Dicha compañía tiene por objetivo el “cultivo y explotación de cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y terapéuticos, en todas sus variedades, así como su producción, industrialización y comercialización”, entre otros puntos. Además, puede desarrollar dichas actividades a través de la asociación con empresas privadas, lo que ocurrió en 2021 con cinco firmas, las cuales, según el plan, se interesaron en desarrollar, en un plazo de 5 años, desarrollar estudios y análisis para determinar cuál es el mejor producto para explotar y producir, entre otros, aceites de cannabis. Para ello, el Estado adquirió un terreno en Sarmiento, en la localidad de La Acequión con una dimensión de 900 hectáreas, de las cuales, sólo un puñado, unos 150, se puso en producción.

Una de esas firmas que se mostró interesada en el proyecto provincial es Green Health que, con capitales extranjeros y locales, realizó una inversión, de unos 3 millones de dólares, para sumarse al boom del cannabis medicinal. Según trascendió, la empresa cumplió todos los pasos de investigación previstos y se encuentra en condiciones de avanzar con la etapa de producción, lo que se encuentra impedido por una medida nacional. Es que la administración de Javier Milei, en julio pasado, decidió cerrar la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), la cual fue creada con el objetivo de promover el desarrollo nacional en la cadena productiva sectorial de la planta de cannabis, cáñamo, sus semillas y productos derivados. El gobierno de Milei entendió que la ley que creó ARICCAME es imprecisa, ya que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias, por lo que destacó la necesidad de actualizar sus definiciones”.

Bajo ese escenario, es que Green Health entendió que el Estado sanjuanino, al promover el desarrollo del cannabis medicinal, le prometió a la empresa un plan de negocio que no se ha concretado y que no se va a concretar. Así, es que fuentes oficiales confirmaron que la firma, a través de un escrito administrativo, le reclamó a la provincia, a CANME y las autoridades de la empresa estatal, 150 millones de dólares por los “daños y perjuicios ocasionados”, ya que existió una “expectativa generada”, por la gestión anterior, que, en definitiva, fue falsa. Además, señalan que la provincia no hizo las gestiones necesarias para lograr la habilitación nacional.

Ese reclamo administrativo fue rechazado por lo que la empresa quedó habilitada para presentar una demanda judicial, la cual, formalmente, hasta el momento no ha realizado. Lo que llamó la atención en el Ejecutivo es que Green Health, a través de su representante legal Ernesto Clavijo, presentó un escrito en el 9no Juzgado Civil, a cargo de Pablo Oritja, en el que solicitó el beneficio de “litigar sin gastos”. Esto significa que la empresa le pidió a la Justicia no hacer frente a los gastos, como el sellado judicial. Lo llamativo, explicaron, es que ese beneficio está previsto para personas sin recursos económicos, que no cuenta con los fondos suficientes para afrontar un juicio, lo que no ocurriría con una empresa que ya invirtió millones de dólares en la provincia. Un dato no menor es que, si ha Green Health le rechazan el beneficio de litigar sin gastos y decide demandar a la provincia por 150 millones de dólares, deberá pagar un sellado de unos 4 millones de dólares, ya que la tasa está alineada con el monto del reclamo. Así, es claro que la firma no quiere hacer ese desembolso, ya que si pierde el juicio, pierde ese depósito inicial. Lo que puede ocurrir es que, sin el beneficio de litigar sin gastos, presente una demanda por un monto menor y así, hacer frente a un sellado judicial más bajo.

Fuentes calificadas indicaron que tanto fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia, como el Ministerio Publico Fiscal, que interviene en los juicios civiles, ya dieron su negativa para que Green Health litigue sin gastos, por lo que ahora sólo resta la resolución del juez. Tras ese paso, habrá que esperar cual es el monto final de la demanda y si finalmente insiste con ella.