En el fuero civil

Demandan al exdecano Bloch en $150 millones por acoso sexual y laboral a una funcionaria

Se trata del caso en el que la entonces máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Exactas tuvo que renunciar, jaqueado ante el avance de un pedido de destitución.
sábado 27 de diciembre de 2025

Hace exactamente tres años, la directora de Apoyo a la Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas le pidió al entonces decano Rodolfo Bloch que la tuviera en cuenta para integrar su gabinete. A cambio, el extitular de la unidad académica le pidió un favor sexual. Como la profesional se negó, comenzó a sufrir un aislamiento en su trabajo. Eso es lo que la mujer expuso y sostuvo en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que llevó a que el Consejo Superior, luego de idas y vueltas, aprobara el avance de un proceso de destitución, hasta que Bloch finalmente renunció, el 23 de diciembre del año pasado.

Pero, el tema no quedó ahí, porque, tal cual lo había anunciado, la profesional demandó al exdecano por daños y perjuicios por un monto total de 150 millones de pesos. El planteo lo hizo su abogado, Roberto Correa Esbry, quien expuso que la conducta de Bloch constituyó “un ejercicio abusivo de poder (era la máxima autoridad) con fines de sometimiento sexual y, ante la negativa, la implementación de un acoso moral y laboral que derivó en daños concretos: afectación psíquica (diagnosticada clínicamente), menoscabo a la dignidad, hostigamiento institucional, pérdida de oportunidades de ascenso y grave afectación de la vida laboral”.

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No fue lo único, ya que, en el escrito, sostuvo que la mujer atravesó “padecimientos” durante la tramitación de la denuncia en la Oficina por la Igualdad de Género contras las Violencias y la Discriminación de la UNSJ y al “someter el caso ante toda la estructura administrativa de la universidad, incluida el Consejo Superior”.

Demandante. El abogado Roberto Correa Esbry representa legalmente a la profesional que denunció a Bloch en sede administrativa y que, ahora, demandó en el fuero civil.

 

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, cuya tramitación implica que Bloch tome conocimiento y haga su contestación de la demanda. Habrá una instancia de mediación, que puede fracasar o no. Habrá pruebas por parte de ambos y, luego, la magistrada deberá resolver, en el caso de que no haya un acuerdo, lo que se ve difícil.

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Bloch no era una autoridad más en la UNSJ, sino una figura política de relevancia. Fue decano de Exactas de 2008 a 2012 y, tras cumplir su primer mandato, se candidateó como rector, entró al balotaje, pero perdió con Oscar Nasisi. Regresó al timón de la Facultad en 2016, fue reelecto en 2021 y en su horizonte estaba el hecho de participar en las discusiones por la puja de este año por el Rectorado.

Sin embargo, cualquier aspiración política se vio truncada luego de que, tras la denuncia, se disparara el sumario, tuviera en su contra el dictamen de la Oficina por la Igualdad de Género de la UNSJ y de la Dirección de Asuntos Legales. Así, el Consejo Superior avaló su destitución y pasó las actuaciones a la Asamblea Universitaria para la definición final, aunque renunció y todo quedó en abstracto. Su mandato lo culminó su vice, Natalia Nuñez, hasta julio de este año.

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La denunciante de Bloch es licenciada en Ciencias de la Educación, fue su secretaria durante tres años y medio y, desde el 27 de diciembre de 2019, está a cargo de la Dirección de Apoyo a la Docencia e Investigación (DADI), que depende de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas.

Ese 28 de diciembre, pero de 2022, fue cuando le pidió, a través de mensajes de WhatsApp, al entonces decano que la incorporara a su gabinete como titular de alguna de las Secretarías. Fue así que recibió un llamado a su celular, en el que la autoridad universitaria le propuso un encuentro sexual. La mujer se negó y, luego, hubo una insistencia a través de un mensaje: “Animate, va a ser lindo”, figura tanto en el sumario como en la demanda.

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La profesional regresó a su puesto de trabajo el 10 de febrero de 2023 y, con una de sus compañeras, notó la drástica reducción de tareas como una señal de represalia. El sumario administrativo reveló que, de agosto a diciembre de 2022, la Dirección había recibido 94 expedientes para su tramitación, pero, de febrero a marzo de 2023, había ingresado tan sólo uno. Además, fue excluida de reuniones, proyectos y decisiones vinculadas a su cargo de directora.

Fue así que la mujer expuso la situación el 13 de marzo de ese año en la Oficina de la UNSJ y el 28 de ese mes firmó la denuncia. En la demanda, señaló que nadie le advirtió de la posibilidad de que se adoptaran medidas de seguridad o protección preventivas ni que intervendría un equipo técnico para contenerla y abordar el caso.

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El dictamen de la instructora sumariante salió a principios de febrero de 2024, el cual acreditó el acoso sexual y laboral y recomendó la separación definitiva de Bloch de su cargo de rector. Sobre fines de agosto de ese año, el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales fue en la misma sintonía.

El 19 de septiembre, el tema lo trató el Consejo Superior, el que archivó la denuncia por acoso debido a que no se llegó a la mayoría calificada de 26 votos: hubo 19 a favor del pedido de destitución y que pasase a resolución de la Asamblea Universitaria, 13 abstenciones (entre ellas, las de todos los decanos) y seis en contra de la remoción.

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La resolución generó un escándalo en la UNSJ, que enarbola las banderas de paridad de género, la lucha contra las violencias y a favor de la igualdad y del progresismo. La denunciante presentó un recurso de reconsideración para que el Consejo revea su decisión, el cual tuvo el OK de Asuntos Legales, dado que su resolución anterior no había sido fundada.

De esa manera, el organismo se reunió el 5 de diciembre y, con una amplia mayoría, dio marcha atrás y avaló el pedido de destitución del entonces decano de Exactas, quien, acorralado, renunció el 20 de diciembre del año pasado.

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Por todo eso, la directora de la DADI sostuvo que enfrentó “padecimientos inimaginables, al someter el caso ante toda la estructura administrativa de la universidad”.

La demanda sostiene que se violaron derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad física, psíquica y moral; a trabajar en condiciones equitativas, libre de violencia; y la igualdad y la no discriminación por razones de género.

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En cuanto al daño moral, se resalta que la profesional padece de un cuadro de angustia, ansiedad, ataques de pánica e insomnio, lo que quedo demostrado a través de un diagnóstico clínico, lo que fue consecuencia del acoso. Además, se expone el trato “deshonroso y humillante” al que fue sometido la víctima, el impacto social y en su reputación, por lo que también ser resalta que “la reparación no solo debe resarcir a la víctima sino, también, cumplir una función preventiva y ejemplar, reafirmando que este tipo de conductas no serán toleradas en el ámbito universitario ni laboral, garantizando medidas de no repetición”.