Pese a que realizó el trámite jubilatorio, la defensora General analiza continuar en el codiciado cargo

La jefa de los defensores oficiales, Mónica Sefair, había presentado su renuncia condicionada para jubilarse con el 82 por ciento móvil en noviembre de 2024 y la ANSES avanzó a tal punto que está próximo el otorgamiento del beneficio. Sin embargo, trascendió de fuentes calificadas que Sefair está analizando seguir en el cargo, el cual, de acuerdo a la estructura, es el único que se diferencia, no solo funcional sino, también, económicamente, del resto de los magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa. De ahí que sea un puesto codiciado.

Su decisión final cobra relevancia, tal cual había anticipado 0264 Noticias, porque, si decidiese aceptar el retiro, su reemplazante será elegido por el fiscal General Guillermo Baigorrí, de acuerdo a lo que establece la normativa, pese a las funciones contrapuestas que tienen ambos organismos. En materia penal, la Defensa Oficial representa a los imputados de los hechos delictivos, mientras que el titular del Ministerio Público está a cargo de los acusadores.

En cambio, si Sefair continúa en su puesto, la sucesión queda desactivada. Ahora, ¿puede tomar la decisión de irse o quedarse, aún si la ANSES le otorga la jubilación? De acuerdo a la legislación específica para magistrados, cuando el organismo previsional le comunique a la defensora General que le concedió el beneficio, se abre un plazo de 180 días en el que debe presentar la renuncia definitiva ante la Corte de Justicia para empezar a cobrar como jubilada. Si no lo hace en ese período, el trámite se cae y puede seguir cumpliendo funciones y reactivar el pedido más adelante o cuando lo considere necesario.

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¿Sefair ya recibió la notificación de ANSES sobre su jubilación? Las fuentes difieren. Algunas de ellas aseguran que, a fines de diciembre, el organismo le informó que le otorgó el beneficio, por lo que estarían corriendo los 180 días para tomar la decisión definitiva. Otras señalan que aún no se habría producido tal comunicación, pero que sería inminente.

Más allá de cuándo empiece a dispararse el plazo, que no deja de ser importante, las fuentes indicaron que Sefair está evaluando continuar, por estrictos motivos personales, los cuales no trascendieron. Si fuese así, le saca un peso a Baigorrí, quien asumió el pasado 19 de noviembre y, desde entonces, le viene dando su impronta, con movimientos de personal incluido, al funcionamiento de Fiscalía.

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De lo contrario, tendría que meterse en el mundillo de la Defensa Oficial para elegir al sucesor o sucesora. De paso, las fuentes remarcaron que hay una buena relación entre el jefe del Ministerio Público y Sefair y no vería mal que siguiese en el cargo. Incluso, trascendió que la defensora General está dispuesta a acompañar a Baigorrí en todo el proceso que viene encarando tras su asunción.

El hecho de que el fiscal General tenga que elegir al jefe o jefa de la Defensa Pública se encuentra contemplado en la ley 2179 E. Todo surgió a raíz de un error en la Constitución de 1986, la que en su artículo 202 estableció que el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial que está integrado por los fiscales, asesores y defensores oficiales. Entonces, la propia carta magna incorporó a los magistrados que tienen tareas contrapuestas (fiscales y defensores) en el mismo organismo y bajo la conducción de una misma persona.

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Con el avance del sistema acusatorio, el entonces jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, y la Corte de Justicia enviaron en 2020 a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que le dio autonomía funcional a la Defensa Oficial con respecto a Fiscalía General. De esa forma, se evitó retocar la Constitución y se dispuso que el salario del titular de los defensores públicos sea equivalente al de fiscal de Cámara. El resto, cobra igual a un fiscal de primera instancia.

En ese marco, Quattropani designó a Sefair, una mujer con 39 años de trayectoria en el Poder Judicial. Entró a la Defensoría en 1992, con la carrera a cuestas de martillera pública. Durante 10 años fue auxiliar/escribiente y, luego, ascendió a escribiente mayor. Tras recibirse de abogada, en 2007 fue designada como secretaria de Paz y, en 2012, comenzó a subrogar la Defensoría Penal N°2, al igual que la de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal.

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Ese mismo año concursó y fue nombrada al frente de la Defensoría N°2. En 2017, fue nombrada como coordinadora de los defensores en el procedimiento especial de Flagrancia. En noviembre de 2024, presentó su renuncia condicionada para jubilarse con el 82 por ciento móvil, la que aceptó la Cámara de Diputados a los pocos días.

Un dato. Si se retira, su haber previsional se calcula sobre el cargo de defensor de primera instancia, dado que el de defensora General no existe en el nomenclador que tiene la ANSES.

Su dimisión fue de manera condicionada hasta que el organismo previsional le otorgue el beneficio, el cual se producirá cuando presente la renuncia definitiva, la que, por ahora, está en duda.

El rol no es menor, ya que la defensora General tiene contacto con los defensores con quienes acuerdan estrategias ante casos complejos. La tarea de los magistrados no sólo está enfocada en el ámbito penal, sino que, también, incluye el ámbito Civil y de Familia.