Recambio en el Poder Judicial

Se abrió otra vacante en la Cámara de Paz tras la renuncia definitiva de un juez que se jubiló por invalidez

Se trata de Víctor Bazán, reconocido constitucionalista, quien viene padeciendo una enfermedad de largo tratamiento. En abril, había fallecido el juez Juan Luis Romero.
Reconocimiento. El 5 de septiembre del año pasado, la Corte de Justicia le brindó un homenaje a Víctor Bazán por su trayectoria profesional y académica.
Reconocimiento. El 5 de septiembre del año pasado, la Corte de Justicia le brindó un homenaje a Víctor Bazán por su trayectoria profesional y académica.
domingo 10 de mayo de 2026

Finalmente, el camarista de Paz, Víctor Bazán, presentó el pasado lunes su renuncia definitiva ante la Corte de Justicia, luego de que la ANSES le otorgara la jubilación por invalidez, ya que lo había hecho de manera condicionada hasta que, justamente, el organismo previsional le concediera el beneficio. De esa manera, se abre otra vacante en la Cámara de Paz, ya que se había producido una baja por el fallecimiento de Juan Luis Romero, cuyo concurso para buscar un reemplazante ya se disparó.

Bazán desembarcó en el 2000 en la Cámara de Paz, que es el tribunal que interviene en las apelaciones ante las resoluciones de los juzgados de Paz de los departamentos. Pero, en el ambiente jurídico, es un reconocido académico, uno de los pocos doctores en Ciencias Jurídicas en San Juan, miembro de distintas y prestigiosas instituciones en derecho constitucional, además de ejercer la docencia en la Universidad Católica de Cuyo sobre esa materia y publicar una vasta cantidad de libros.

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Hace unos dos años, entró de licencia médica debido a que una enfermedad comenzó a afectarle “el ejercicio de sus actividades laborales” de forma total, explicaron las fuentes. Por eso, renunció de manera condicionada en febrero de 2025 para tramitar su jubilación por invalidez sobreviniente, en cuyo caso, no se exige el requisito de haber alcanzado los 65 años, de acuerdo a la ley nacional 24.018. Según la normativa, bajo dicho régimen, su haber jubilatorio será del 82 por móvil.

Su partida del Poder Judicial estaba sujeta a que la ANSES le otorgara el beneficio, lo que sucedió hace unas semanas, lo que llevó a que el pasado lunes presentara su dimisión definitiva ante la Corte, explicaron las fuentes.

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De esa manera, el máximo tribunal ya está en condiciones de comunicarle la vacante al Consejo de la Magistratura para que lance el procedimiento para buscar al sucesor. No es la única baja que se ha dado, ya que también dejará su puesto la jueza del Séptimo Civil, Vilma Balmaceda, quien, tras cumplir los 60 años, se jubilará con el 82 por ciento móvil.

La magistrada fue notificada en diciembre pasado que ANSES le concedió el beneficio y presentó su renuncia definitiva en abril, aunque dejará el puesto el 31 de este mes. De todas formas, está de licencia por enfermedad desde marzo, por lo que su cargo es subrogado por colegas civiles de primer instancia.

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Entonces, a partir de junio, la Corte podrá informar de esa vacante. Hasta tanto, se verá si el Consejo, presidido por el cortista Juan Victoria, decide juntar los concursos para cubrir los lugares de Bazán y Balmaceda o los dispara por separado.

El procedimiento de reemplazo que está en marcha es el de camarista de Paz por el fallecimiento de Romero, ocurrido el pasado 6 de abril. El viernes, venció el plazo de inscripción de todos aquellos interesados por el cargo, en el que se descuenta que habrá jueces de Paz de primera instancia de los departamentos que buscarán el ascenso, entre otros.

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De esa manera, la Cámara de Paz se encuentra con un solo miembro titular: el juez Fernando Vargas. Los lugares vacíos están siendo cubiertos temporalmente (subrogancia) por los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Abel Soria.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó el 20 de marzo del año pasado la renuncia condicionada de la fiscal Civil de primera instancia, Beatriz Gil, sobre la que no ha trascendido detalles de que ANSES le haya otorgado aún la jubilación.

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Además, la jefa de los defensores públicos, Mónica Sefair, también había presentado su renuncia condicionada y el organismo previsional le concedió el beneficio jubilatorio en diciembre, dijeron las fuentes. De acuerdo a la normativa, tiene un plazo de 180 días para llevar su dimisión definitiva ante la Corte, pero fuentes ligadas a su entorno habían señalado que estaba evaluando continuar. Si eso sucede, el trámite se cae y, cuando decida jubilarse, tiene que iniciar el recorrido de cero.

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