Diferencias
Un juez fue en contra de un tribunal superior y declaró inconstitucional el plazo de 30 días para el inicio de una demanda por accidente laboral
Por mayoría, la Sala I de la Cámara Laboral sostuvo la constitucionalidad del plazo de 30 días para que un empleado entable una demanda contra una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) por un accidente laboral, lo que implicó un cambio de postura, dado que el tiempo que se venía aplicando era de 2 años. A pesar del antecedente del tribunal superior, Matías Pallitto, titular del Primer Juzgado del Trabajo, fue en sentido contrario y declaró la inconstitucionalidad de dicho período contenido en una ley provincial. En líneas generales, sostuvo que un plazo tan acotado representa una “afectación concreta del derecho de acceso” a la Justicia y a “la posibilidad de obtener una revisión” en esa instancia cuando se discute, por ejemplo, el nivel de incapacidad que se le determinó a un trabajador.
El fallo del juez Pallitto salió el 26 de octubre y la declaración de inconstitucionalidad apuntó al artículo 3 de la ley provincial 1709 K. El texto establece que las acciones judiciales destinadas a revisar lo estipulado por las Comisiones Médicas (organismos administrativos que determinan el nivel de incapacidad de un trabajador ante un accidente laboral) deben realizarse “dentro del plazo de 30 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la comisión médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad”.
El magistrado analizó el caso de un empleado administrativo de la escuela EPET N°1, el que viajaba en colectivo a su puesto de trabajo y sufrió una caída a raíz de una brusca frenada. Se golpeó en ambas piernas y sufrió lesiones, especialmente, en la rodilla izquierda. La Comisión Médica 26 indicó una incapacidad del 4,56 por ciento, mientras que el trabajador, a través de su abogado, reclamó un 17,10 por ciento.
En esa disputa, la demanda fue contra Asociart ART SA por 46,8 millones de pesos. En ese marco, lo primero que planteó el abogado del trabajador fue la inconstitucionalidad del plazo de 30 días hábiles para encarar el reclamo, mientras que la compañía sostuvo la caducidad.
En general, los juzgados laborales de primera instancia y la Cámara de Apelaciones venían declarando la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley provincial 1709 K, la que, en la práctica, era una adhesión a la norma nacional complementaria de la de Riesgos de Trabajo, impulsada durante el Gobierno macrista de Cambiemos.
Sin embargo, hubo un giro de 180 grados, principalmente, en la Sala I de la Cámara Laboral. El juez Guillermo Rahmé Quattropani tiene una postura a favor de la inconstitucionalidad del período de 30 días, mientras que su colega Lucía Daroni sostiene la constitucionalidad de la norma. El camarista Mariano Ibañez fue el que cambió su criterio del rechazo de la normativa a defender su constitucionalidad, tal cual contó 0264 Noticias.
No obstante, a la hora de analizar su expediente, el juez Pallitto enumeró los antecedentes de la Cámara Laboral los que declararon la inconstitucionalidad del plazo establecido por el artículo 3 de la Ley 1709-K. Así, recordó que esos fallos “consideraron que la aplicación de ese término podía ocasionar la pérdida del derecho a obtener la revisión judicial de las consecuencias de un infortunio laboral, en desmedro del plazo de prescripción” de 2 años y “comprometer las garantías de defensa en juicio y tutela judicial efectiva”.
Inclusive, aclaró que “no soslayo que, con posterioridad, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó aquel criterio en el precedente” denominado Castañón y aclaró que “reconozco la relevancia institucional de dicho pronunciamiento y la necesidad de procurar una interpretación uniforme del ordenamiento jurídico”.
Sin embargo, remarcó que, “ponderando sus fundamentos y la disidencia formulada (la de Rahmé Quattropani), considero que existen razones jurídicas y circunstancias concretas que justifican mantener, para este caso, la postura sostenida en los precedentes anteriores”. Es decir, la inconstitucionalidad.
Además, aclaró que “sin desconocer el criterio adoptado por la mayoría de la Sala Primera”, resaltó que el precedente Castañón “no constituye un fallo plenario de aplicación obligatoria” para los juzgados inferiores. Sumado a que la Corte de Justicia local aún no ha resuelto ninguna causa ni cuestión de fondo sobre este tema.
El titular del Primer Juzgado del Trabajo destacó que “la aplicación del plazo previsto en el artículo 3 de la Ley 1709-K puede producir un efecto sustancialmente extintivo del derecho a obtener revisión judicial”. Según señaló en su fallo, “mientras el artículo 44 de la Ley 24.557 (de Riesgos de Trabajo) contempla un plazo de prescripción de 2 años para las acciones derivadas de dicha ley, la disposición provincial reduce significativamente el tiempo disponible para cuestionar judicialmente la determinación administrativa de la incapacidad”.
Por eso, indicó que “una norma local, de naturaleza procesal, termina condicionando la subsistencia de un derecho cuya regulación sustancial corresponde al Congreso de la Nación”.
Pallitto explicó que la ley complementaria (27.348) a la de Riesgos de Trabajo, a la que adhirió San Juan, “invita a las provincias a adecuar su normativa procesal para garantizar la aplicación del régimen de instancia administrativa previa. Sin embargo, dicha atribución no puede interpretarse como una habilitación irrestricta para establecer limitaciones que, por sus efectos concretos, menoscaben garantías reconocidas por la Constitución Nacional”.
De esa forma, sostuvo que “la autonomía provincial en materia procesal debe ejercerse dentro del marco de los principios de razonabilidad, defensa en juicio y tutela judicial efectiva, sin alterar el contenido sustancial de los derechos reconocidos por la legislación de fondo”.
De esa forma, subrayó que en el caso bajo análisis “se encuentra comprometido el ejercicio de la facultad del trabajador de someter a revisión judicial la determinación de su incapacidad, por lo que la eficacia atribuida a la firmeza de una decisión administrativa no permite concluir, sin más, que una norma provincial pueda extinguir esa posibilidad en un plazo sustancialmente menor al previsto por la legislación de fondo”.
Incluso, mencionó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reflejó que “el sistema debe garantizar una revisión judicial posterior, amplia y suficiente de lo decidido en sede administrativa. Por ello, la aplicación de un plazo de caducidad que, en sus efectos concretos, clausure esa revisión plantea una tensión con uno de los presupuestos que sustentan la constitucionalidad del procedimiento administrativo previo”.
La sentencia de Pallitto puede ser apelada y, en el caso de que recayera en la Sala I, recibiría un revés frente al nuevo criterio que ha adoptado la mayoría de sus integrantes. Pero, frente a la postura del titular del Primero Laboral, que pueden seguir otros magistrados y que sostendrán los abogados de los trabajadores que se sientan damnificados, todo indica que será la Corte la que deberá zanjar la discusión.
En cuanto al caso del empleado de la EPET N°1, el magistrado elevó el porcentaje de discapacidad al 14,82 por ciento, cuando la Comisión Médica había determinado el 4,56. Fue más cercano a lo que había solicitado el trabajador, que fue de 17,10.
Para llegar a ese porcentaje, Pallito se valió de una pericia médica y la incorporación de una resonancia magnética y radiografías que acreditaron, entre otras lesiones, la rotura del tendón rotuliano.
De hecho, el magistrado fue crítico de la evaluación de la Comisión Médica. “El dictamen administrativo exhibe una insuficiencia que la pericia viene a corregir. La propia Comisión Médica tuvo a la vista el protocolo quirúrgico que daba cuenta de una rotura del tendón rotuliano que requirió la reconstrucción del aparato extensor con injertos, la ecografía que informaba tendinopatía calcificante con contacto del material quirúrgico sobre el tendón”, entre algunos de los detalles.
“Sin embargo”, remarcó el juez, “encuadró el cuadro como una ‘contusión de la rodilla’ y valoró exclusivamente una leve limitación de la flexión, sin ponderar el compromiso del aparato extensor que surgía de sus propios antecedentes. Esa disociación entre los antecedentes relevados y el diagnóstico y la valoración finalmente adoptados resta fuerza convictiva al dictamen administrativo”.
Si bien el titular del Primero Laboral no determinó un monto a pagar, sí fijó parámetros e, inclusive, de actualizaciones, suma que se confeccionará al momento de la liquidación, una vez que la sentencia quede firme.