Tras la disputa en un juicio, el fiscal de Estado disparó: "No queremos ocupar el lugar del Ministerio Público Fiscal, ni cobrar protagonismo, solo colaborar"

Este lunes, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, se refirió a la disputa surgida en un juicio por amenaza de bomba. El conflicto se originó cuando los fiscales de la Unidad Genérica se opusieron a que la Fiscalía de Estado participe como parte querellante, es decir, como acusadora en el proceso. Al respecto, Dávila aclaró que no buscan ocupar el lugar de otros organismos, sino colaborar en causas donde esté en juego el interés provincial.

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“La Fiscalía de Estado tiene participación en todos aquellos casos en los que se afecte el interés de la provincia. Hemos intervenido en otros hechos donde hubo delitos de intimidación pública que impactan en el orden público. Esto nos sorprendió bastante; no entendemos muy bien el por qué, pero ellos tienen ahora su mirada”, expresó Dávila en diálogo con Demasiada Información, por Radio Light.

En la audiencia, la fiscal Daniela Pringles y el fiscal Alejandro Mattar se opusieron a que los abogados de la provincia actúen como querellantes en la causa por la triple amenaza de bomba atribuida a Axel Muñoz, ocurrida en una escuela de Rawson.

Por su parte, el fiscal de Estado Sebastián Dávila explicó: “Si fuera en un ámbito privado no intervendríamos, pero si se trata de hechos ocurridos en el Centro Cívico, en escuelas públicas o en el Hospital Rawson, al Estado le interesa que no se altere la actividad. Entonces, cuando se amenaza esa actividad, el Estado toma partido”.

Además, señaló que trabajan en coordinación con los ministerios, que les brindan información sobre costos, gastos de protocolo y demás consecuencias derivadas de estos hechos, con el fin de imputar esos daños a los responsables.

“Esto lo vamos a solucionar fácilmente. No queremos ocupar el lugar del Ministerio Público Fiscal ni tener protagonismo, solo colaborar para que se terminen los llamados”, comentó el fiscal. 

En relación con el freno de las amenazas de bomba, Dávila consideró que la falta de difusión mediática sobre estos casos ha contribuido a reducirlos. Señaló que, además de las condenas y las acciones civiles iniciadas, evitar la exposición pública de los hechos ayudó a bajar la cantidad de amenazas.

Finalmente, aclaró que: “Quien debe decidir si podemos ser querellantes o no es un juez. Todavía no sabemos si vamos a apelar, porque debemos esperar el fallo”.