Una esteticista pocitana se hizo pasar por abogada y por juez para estafar a un hombre accidentado

Una mujer quedó bajo la mira de la Justicia después de hacerse pasar por abogada y por juez utilizando el nombre de un reconocido letrado. Se trata de Micaela Vega Ante, de 29 años, esteticista y oriunda de Pocito. Según los datos trascendidos, engañó a una persona que la había contratado para recibir asistencia jurídica tras un siniestro vial.

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En un primer momento, la fiscalía pidió que Vega quedara en prisión preventiva al considerar que podía entorpecer la investigación. Sin embargo, la defensa, a cargo de Franco Vázquez, negó los hechos y le informó al juez que la causa ya había sido tratada en la Unidad de Soluciones Alternativas, donde incluso hubo una audiencia el 5 de noviembre porque la imputada se había mostrado dispuesta a devolver el dinero.

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Tras ese planteo, el juez resolvió dejarla en libertad y disponer medidas de coerción morigeradas.

Como fueron los hechos

El caso comenzó en abril de 2024, cuando Julio Fernández Salinas sufrió un siniestro vial y un familiar le recomendó contactar a Micaela Vega Ante, asegurándole que era abogada. Vega aceptó representarlo y le pidió un honorario de $80.000, aunque finalmente recibió $50.000. Desde ese momento, comenzó a enviarle resoluciones falsas, informes truchos del Banco San Juan y hasta un acta de audiencia adulterada con el logo del Poder Judicial.

Durante meses, Vega sostuvo la mentira con documentación apócrifa y un supuesto expediente de daños y perjuicios. El engaño llegó a su punto máximo en 2025, cuando le aseguró a la víctima que había obtenido una indemnización de $8.000.000, supuestamente ordenada por un “juez civil” llamado Fernando Bueno de la Cruz, un nombre que en realidad pertenece a un abogado penalista. Incluso envió notificaciones falsas para justificar retrasos en el pago.

Recién entonces Fernández Salinas comenzó a sospechar. Al consultar con el Foro de Abogados, descubrió que el supuesto juez no existía y que la matrícula profesional que Vega había usado correspondía a otra persona. La investigación determinó que la mujer utilizaba teléfonos de terceros, incluso el de su abuela, para hacerse pasar por distintas autoridades y sostener la estafa.