Fiscalía va camino a imputarle fraude contra la OSP a los dueños de una clínica en Iglesia y a dos médicos

Luego de llevar adelante una investigación preliminar, todo indica que el fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Gastón Salvio, imputará a los dos propietarios de una clínica de Iglesia y a dos médicos como presuntos autores de fraude contra la Obra Social Provincia (OSP), indicaron fuentes calificadas. En líneas generales, los implicados quedaron en la mira por cobrar consultas y prácticas que los afiliados no habían pedido o que fueron hechas por profesionales que desconocían, entre algunas de las maniobras.

El caso estalló el 27 de marzo del año pasado, cuando el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, reveló que iban a hacer una denuncia contra profesionales debido a que, tras una auditoría, detectaron irregularidades. El planteo contó con el asesoramiento de Fiscalía de Estado, que conduce Sebastián Dávila. Así, se encuentran bajo la lupa de la Justicia el bioquímico Pablo Olivares y Natalia Mateo, dueños de la Clínica Argentina, de Rodeo, el cirujano y urólogo Carlos Agüero y el clínico Eduardo Leanis, indicaron las fuentes.

El caso hace recordar a la causa llamada Garder, por el nombre de la empresa de salud, cuyos propietarios facturaban servicios de internación domiciliaria y alimentación bajo esa modalidad que, en realidad, nunca prestaron. Por ello, Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán fueron condenados a 3 años de prisión efectiva. Esa denuncia había sido realizada por el interventor de la OSP durante la gestión uñaquista y la investigación demandó tres años.

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En este nuevo caso, como el hecho se produjo en Iglesia, el ámbito de actuación es de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Norte, de la Segunda Circunscripción Judicial, que contempla al departamento cordillerano y a Jáchal. Así, la denuncia entró en la UFI Nº 2, a cargo de Salvio, quien encaró una investigación previa, en la que recopiló documentación del expediente administrativo e información ligada a facturación en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, y del Colegio Médico, entre otras instituciones, explicaron.

El plazo de dicha investigación previa está finalizando dentro de unos 10 días, por lo que el fiscal puede archivar la denuncia o pedir la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para imputar a los sospechosos. Las fuentes expresaron que, con los elementos recabados, Salvio se inclinará por el segundo camino.

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Entre otras de las maniobras se detectaron órdenes para análisis bioquímicos y prácticas médicas que fueron llevadas a cabo por profesionales que los afiliados de la OSP no conocían. No obstante, hubo registros en el historial de salud de la Clínica Argentina. Incluso, hubo personas que declararon que jamás habían asistido a ese sanatorio, aunque dichas maniobras les quedaban registradas en sus aplicaciones de Ciudadano Digital.

Las irregularidades datan de diciembre de 2021 y los bonos de consulta y de prácticas con anomalías son unos 30, que afectaron a unos cinco damnificados que no sabían que estaban solicitando prestaciones a su nombre. Incluso, cuando fueron convocados por la Justicia en una audiencia en la que les mostraron unos bonos que habían sido llenados con sus escrituras, los afiliados aseguraron que la letra y la firma no eran de ellos.

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En  principio, la imputación se asentaría en la figura de fraude en perjuicio de la administración pública, la que tiene una escala penal que va de 2 a 6 años de prisión. Se verá si hay otra conducta delictiva, como la adulteración o falsificación de documento.

No fue lo único, ya que el pasado 3 de noviembre hubo una ampliación de denuncia, debido a que dos afiliados expusieron las mismas situaciones que ya estaban bajo investigación, por lo que se acumularon al expediente original.