Tras dos años detenido en el Penal, el abogado penalista De la Fuente obtuvo la prisión domiciliaria

El abogado penalista sanjuanino Gustavo De la Fuente, quien enfrenta un juicio oral por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria mientras avanza el debate judicial que lo tiene como uno de los principales imputados.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal, a cargo del juez Daniel Doffo, y fue confirmada a 0264Noticias por el abogado defensor Fernando Castro, quien había solicitado la medida junto al letrado Olivera Legleu.

Según explicó Castro, el tribunal hizo lugar a un planteo que había sido presentado con anterioridad y que estaba respaldado por informes médicos, psicológicos y psiquiátricos sobre el estado de salud del imputado. Además, intervino el Servicio Forense de la Nación, cuyos especialistas coincidieron en que el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas no resultaba el ámbito más adecuado para el tratamiento de De la Fuente.

De acuerdo con los informes incorporados al expediente, los profesionales recomendaron que el acusado continúe su tratamiento en un entorno familiar para preservar su equilibrio psicofísico. En ese marco, la Justicia dispuso el arresto domiciliario para el abogado penalista.

"Todos los profesionales coincidieron en que la mejor manera de conservar su equilibrio psicofísico es que permanezca en su domicilio junto a su familia", explicó Castro al confirmar la resolución.

De la Fuente permanecía detenido con prisión preventiva desde julio de 2024, acusado de ser coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Por su parte, el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, señalado como presunto socio del abogado, ya cumplía prisión domiciliaria.

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Ambos están siendo juzgados por presuntas maniobras vinculadas al estudio de modelaje "Belle Argentina", una agencia que, según sostiene la acusación fiscal, funcionaba como una estructura destinada a captar mujeres para realizar transmisiones en vivo a través de plataformas internacionales de contenido para adultos.

El juicio oral comenzó en mayo y está a cargo del Tribunal Oral Federal. Durante las primeras audiencias, el fiscal federal Fernando Alcaraz, junto a María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), expusieron la teoría del caso y señalaron que la organización habría sometido a un número indeterminado de víctimas, aunque al menos 37 mujeres fueron identificadas durante la investigación.

Según la acusación, las mujeres realizaban transmisiones en plataformas como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate, mientras que los imputados retenían el 50% de las ganancias obtenidas. Además, la fiscalía sostiene que los acusados se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad económica y social de las víctimas para obtener beneficios económicos.

Incluso, la investigación menciona el traslado de al menos una mujer desde La Rioja hacia San Juan con fines de explotación, una circunstancia que forma parte de los agravantes analizados durante el debate.

La defensa de De la Fuente, en tanto, había cuestionado la acusación desde el inicio del juicio. Castro sostuvo públicamente que "los elementos de Fiscalía son insuficientes" para acreditar la existencia del delito de trata de personas y afirmó que la actividad vinculada a plataformas webcam no cuenta con una regulación específica en Argentina.

En una de las últimas audiencias, Quevedo decidió declarar ante el tribunal y aseguró que siempre actuó dentro de la legalidad. "Ofrecí trabajo de buena fe", manifestó al leer un extenso escrito en el que repasó su actividad comercial y presentó documentación que, según afirmó, respalda el funcionamiento legal de Belle Argentina.

De la Fuente, por su parte, optó por no prestar declaración durante esta etapa del juicio. Sin embargo, durante las audiencias se reprodujeron audios incorporados como prueba en los que mantiene conversaciones con otras personas vinculadas a la investigación.

La causa se encuentra ahora en una instancia decisiva. Este jueves se desarrollarán los alegatos de las partes y posteriormente el Tribunal Oral Federal deberá emitir su veredicto, que podría derivar en una condena o en la absolución de los imputados.

La imputación que enfrentan está contemplada en la Ley Nacional de Trata de Personas y en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal Argentino. En caso de acreditarse los agravantes señalados por la fiscalía, las penas previstas podrían alcanzar varios años de prisión efectiva.