Se sumaron nuevas denuncias y ya son más de 44 los estafados en el Barrio UDA II: extendieron la investigación por seis meses más

La causa que investiga presuntas estafas en la venta de carpetas para acceder a viviendas del barrio UDA II, en Rawson, sumó un nuevo capítulo judicial. Este jueves se realizó una audiencia en la que se incorporaron cinco nuevos denunciantes, por lo que el expediente ya cuenta con 44 personas que aseguran haber sido perjudicadas por las operaciones realizadas a través de la cooperativa La Fraternidad.

Durante la audiencia, presidida por el juez de Garantías Eugenio Barbera, también se resolvió ampliar por seis meses el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Si bien durante el proceso ya se produjo una importante cantidad de pruebas, todavía quedan pendientes pericias informáticas sobre los dispositivos secuestrados, además de informes y testimonios considerados relevantes para avanzar con la investigación.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Atilio Yanardi y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Por su parte, los imputados estuvieron asistidos por sus respectivas defensas, Francisco Quiroga (por Aciar) y María Celina Pandiela (por Salazar), mientras que la parte querellante fue representada por Natacha González Lizzi y Pablo Ávila.

Los principales imputados en el expediente son Miguel Ceferino Aciar y Segundo Justo Salazar, quienes ocuparon cargos de presidente y vicepresidente de la cooperativa La Fraternidad, respectivamente. Ambos fueron imputados por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, a partir de las denuncias de familias que aseguran haber pagado por una carpeta para acceder a una vivienda que finalmente nunca recibieron.

La historia se remonta a 2006, cuando comenzaron a comercializarse las carpetas para acceder a las viviendas del barrio UDA II, ubicado en Rawson. En ese momento, la cooperativa La Fraternidad había sido propietaria del terreno, que posteriormente vendió al gremio Unión Docentes Argentinos (UDA). La entidad gremial, a su vez, donó el predio al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con la condición de que allí se construyeran las casas.

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En ese contexto, la cooperativa actuó como intermediaria entre las familias interesadas y el gremio. Sin embargo, con el paso de los años, se habrían vendido 145 carpetas, una cifra muy superior a las 86 viviendas que finalmente se construyeron y entregaron.

Ante los reclamos por la diferencia, los responsables habrían explicado que estaba previsto un futuro anexo de otras 60 viviendas, una ampliación que nunca llegó a concretarse.

El 4 de noviembre de 2022 se entregaron las casas del barrio UDA II, pero más de 60 familias quedaron afuera pese a haber realizado pagos durante años. De ese grupo, inicialmente 36 decidieron acudir a la Justicia y denunciar que habían sido perjudicadas porque no recibieron las viviendas ni recuperaron el dinero entregado.

En una primera instancia judicial, realizada el año pasado, se formalizó la investigación contra Aciar y Salazar y se estableció un plazo de 12 meses para la IPP. Además, se dispusieron medidas de coerción para ambos, entre ellas la obligación de no entorpecer la investigación, no mantener contacto con los denunciantes, no salir de la provincia o del país sin autorización judicial y la inhibición general de bienes.

En aquella oportunidad, ni la Fiscalía ni la querella solicitaron prisión preventiva y las defensas adhirieron a las condiciones impuestas por la Justicia.

Ahora, con la incorporación de cinco nuevos denunciantes y la necesidad de completar medidas probatorias, el expediente tendrá otros seis meses para avanzar.

Por el caso, Salazar y Aciar (que figuran como presidente y vice de la cooperativa, respectivamente), quedaron imputados por el delito de desbaratamiento de derechos acordados. Además, Aciar está vinculado otro caso por estafas con viviendas: la de los barrios Textiles II y los Nogales VI, la cual ya suma 176 denuncias.