El juez Julián Ercolini pidió los registros migratorios de Alberto Fernández y del broker involucrado
La medida la ordenó el juez federal Julián Ercolini e incluye también a la histórica secretaria del expresidente. Asimismo, el magistrado solicitó informes a la SIGEN, a la Jefatura de Gabinete y a Nación Seguros, entre otras reparticiones
Esta tarde, el juez federal Julián Ercolini dio un paso significativo en la investigación sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones del Estado nacional a Nación Seguros. En esta línea, solicitó una serie de medidas de prueba que involucran a varias figuras prominentes, incluido el expresidente Alberto Fernández.
Entre las medidas requeridas, el juez solicitó los registros migratorios de Alberto Fernández, su secretaria histórica María Cantero, y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa. Asimismo, se pidió información sobre los movimientos migratorios de otras personas vinculadas al caso, como el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, el broker Pablo Andrés Torres García, y el empresario Juan Manuel Manganaro.
Martínez Sosa, quien es esposo de la secretaria histórica de Fernández, fue uno de los beneficiarios de un préstamo de USD 20 mil dólares otorgado por el expresidente. Además, tiene una estrecha relación con el mundo del automovilismo, siendo uno de los principales patrocinadores del piloto Agustín Canapino.
Por otro lado, Ercolini solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación una copia de los informes de auditoría relacionados con el decreto 823/2021, que supuestamente habría habilitado la trama investigada. Este decreto obligaba a todas las reparticiones públicas a contratar con Nación Seguros.
La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Alberto Fernández y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La denuncia se basó en un artículo del diario Clarín que detallaba un negocio millonario de seguros y comisiones dentro de la ANSES.
El juez Ercolini también solicitó información a la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y a la División Operaciones Federales de la Policía Federal, en busca de evidencia que esclarezca los hechos investigados.
La causa judicial continúa avanzando, y se espera que estas medidas de prueba arrojen luz sobre la presunta trama de corrupción en las contrataciones de seguros por parte del Estado nacional.
