Un plus a empleados judiciales reveló la fuerte pelea entre el fiscal General y el secretario Administrativo de la Corte

El fiscal General, Eduardo Quattropani, sacó ayer un comunicado en el que compartió la opinión del gremio de la Unión Judicial, el cual había cuestionado un adicional para un grupo de “administradores”, en desmedro del resto de los empleados. Dicho plus “resulta ofensivo e injuriante”, resaltó en su nota el jefe del Ministerio Público, además de apuntar sus cañones contra un hombre fuerte del Poder Judicial. “Estoy convencido que la decisión tomada (sobre el adicional) se corresponde con una deficiente información brindada a la Corte de Justicia por parte de la Administración”, remarcó en el escrito. Léase, el secretario Administrativo del máximo tribunal, Javier Vera. Así, el tema reveló la existencia de una pelea de fondo, que amenaza con extenderse y sus consecuencias resultan hoy impredecibles.

Quattropani es el jefe de los fiscales, el que sumó aún más poder con la implementación en su totalidad del sistema acusatorio, en el que el personal que lleva adelante la investigación de los hechos delictivos es el que está bajo sus directivas. A su vez, Vera es el secretario Administrativo de la Corte, quien asumió en 2015 con la anterior conformación del máximo tribunal y hoy es una pieza clave con la actual integración. De acuerdo a la ley Orgánica del Poder Judicial, tiene a su cargo el gerenciamiento, la ejecución y control de actividades administrativas, además de ejercer la “vigilancia de agentes y funcionarios” judiciales “para el cumplimiento de todos los reglamentos”. De una forma más llana, maneja la distribución del personal y tiene injerencia en la administración de los recursos (técnicos, económicos y de infraestructura) del Poder Judicial.

La disputa entre ambos estalló, justamente, con la puesta en marcha del acusatorio en su totalidad, contaron fuentes con conocimiento del tema. El mecanismo lo venía trabajando Quattropani con el entonces presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, y la primera diferencia con Vera habría surgido con la dotación de ayudantes fiscales. Según las fuentes, hubo discusión entre el fiscal General y el secretario Administrativo por un retaceo en la cantidad de ese tipo de personal, el cual es fundamental para la investigación.

Incluso, las fuentes indicaron que se dio un fuerte intercambio de palabras. Desde entonces, el diálogo se cortó, pero la tensión siguió, al punto que señalaron que el fiscal General frenó alguna movida de Vera, quien, como nexo de la Corte, habría tratado de imponer qué recursos humanos y técnicos le corresponden al Ministerio Público.

Quattropani le ha apuntado a Vera y no al máximo tribunal, en el que tiene una buena relación con el presidente Marcelo Lima. Ahora, ¿la influencia del secretario Administrativo es tal que se mueve de manera independiente? O, por el contrario, ¿en la Corte están al tanto y avalan sus jugadas?

La disputa quedó al descubierto con el plus que dispuso la Corte el 19 de marzo. En la Acordada 31, se crearon tres adicionales, remunerativos y no bonificables, denominados Administradores 1,2 y 3. Uno de ellos fue destinado a los funcionarios que cumplen funciones en la Coordinación General las Oficinas Judiciales Civil, Laboral, Familia, Multifuero de Niñez y Adolescencia, entre otras. El segundo, apuntó a los que cumplen funciones de Administrador de Oficinas Judiciales Civiles, Laborales, de Familia y Oficina Judicial Multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial, y de director General de la Oficina Judicial del sistema acusatorio. El último, a los que desempeñan tareas de Administrador/Director de Oficinas Judiciales con competencia en Ejecuciones Fiscales, Procesos Sucesorios y Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas.

Los adicionales se calcularon sobre distintas categorías del escalafón judicial, uno en un 21 por ciento y, los otros dos, en un 25 por ciento.

Las oficinas judiciales fueron una creación del máximo tribunal para sacarle a los jueces las tareas administrativas, con el fin de que se concentraran exclusivamente a la resolución de las causas, es decir, a lo estrictamente jurídico. En la Corte señalan que el mecanismo ha rendido sus frutos, al punto de mostrar estadísticas de su buen funcionamiento. En cambio, desde el Foro de Abogados ha habido críticas al sistema e, inclusive, algunos magistrados, por lo bajo, se han mostrado disconformes.
En las Oficinas Judiciales han desembarcado los administradores y una de las críticas que circula es el avance y el poder que ha construido el secretario Administrativo en ese ámbito, a través de gente designada en esos puestos, con los que tiene vasos comunicantes.

El adicional generó el rechazo de la Unión Judicial, que sacó un comunicado titulado: “Un dietazo fugado de la realidad”. En diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, había manifestado que la medida es “algo fugado de la realidad de la provincia y el país. De esa forma, se sigue incrementando la brecha entre los trabajadores del Poder Judicial. No se tiene en cuenta que hay empleados que se están endeudando para, por ejemplo, pagar las boletas de servicios”.
En su comunicado, Quattropani resaltó que “comparto con la Unión Judicial el criterio de que el adicional otorgado a un grupo selecto de personal administrativo no resiste análisis lógico ni fáctico, en tanto el modo de prestación del servicio de estos, en modo alguno justifica diferenciación con la inmensa mayoría de los agentes judiciales”.

Además de destacar que la decisión de la Corte obedeció a la “deficiente información” brindada por la “Administración”, el jefe de los fiscales remarcó que “el otorgamiento del adicional al personal inmediatamente dependiente de la Secretaría Administrativa resulta ofensivo e injuriante para con los demás funcionarios de los distintos poderes del Estado”.
No es lo único, ya que trascendió que Quattropani llamaría la semana que viene a conferencia de prensa para hablar de temas vinculados a la Secretaría Administrativa.