UPCN sufrió un revés judicial y va camino a perder casi $350 millones por invertir en Wenance, una empresa acusada por estafas

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce José “Pepe” Villa, quedó a tiro de perder cerca de 350 millones de pesos, luego de haber invertido en la Fintech Wenance, cuyo CEO y fundador, Alejandro Muszak, está con prisión preventiva, procesado por ser el jefe de una asociación ilícita y por haber cometido unas 524 estafas. El gremio había obtenido un fallo civil a su favor en primera instancia, en la demanda contra Promotora Fiduciaria, una de las patas fundamentales en la conformación y la administración de tres fideicomisos financieros de Wenance en los que se ponía la plata. Sin embargo, esa última compañía apeló y la Sala III de la Cámara Civil le hizo lugar, por lo que rechazó el reclamo del sindicato con mayor cantidad de afiliados estatales en la provincia.

UPCN no es el único damnificado en San Juan, aunque sí fue el que invirtió más dinero, ya que hay otros 50 ahorristas estafados que han planteado demandas. El monto total en la provincia asciende a unos 600 millones de pesos, según indicaron fuentes judiciales. El fraude a nivel país se calcula en 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros. A cambio de la inversión, la Fintech ofrecía altos rendimientos en dólares, del 12 por ciento anual.

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La decisión se veía venir. Sucede que las víctimas de Wenance ya habían sufrido rechazos a sus reclamos contra Promotora Fiduciaria en la Cámara Civil, tanto de la Sala I como de la Sala II. Ahora, se sumó la Sala III, con los votos de Juan Carlos Noguera y Juan Carlos Pérez (y la disidencia de Sergio Rodríguez), en el caso de UPCN y de otros dos damnificados, aseguraron las fuentes.

El fallo de este último tribunal fue comunicado a las partes a principio de la semana pasada, por lo que el abogado del sindicato estaría aún dentro de los plazos para presentar el recurso extraordinario ante la Corte de Justicia. Es una instancia difícil, ya que el máximo tribunal solo revisa que haya existido arbitrariedad en la resolución de Cámara, haya una aplicación equivocada de las normas y se cuestione una ley por su contradicción con la Constitución.

Incluso, ya hay un criterio compartido por tres Salas en diferentes casos, por lo que, por ahora, no se vislumbra un resultado distinto en la Corte. Salvo que haya una postura diametralmente diferente y siente un precedente.

De acuerdo al expediente, Wenance y Promotora Fiduciaria suscribieron los contratos de los fideicomisos financieros denominados Merchant y FINUP, entre otros.

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En el primero de ellos, UPCN invirtió 100 millones de pesos el 18 de julio de 2022 y 60 millones el 2 de septiembre de ese año. Así, consiguió intereses por 4 millones. Luego, aportó otros 50 millones de pesos el 23 de septiembre de ese año, por lo que obtuvo servicios de deuda por 3.458.333 pesos. El 26 de octubre de 2022 destinó otros 70 millones y obtuvo intereses por 10.616.666 pesos.

Para el fideicomiso FINUP, el sindicato puso 150 millones de pesos el 18 de julio de 2022 y le quedó por recuperar 34.500.000 pesos. El 30 de marzo de 2023, invirtió 75 millones y le quedó por recobrar 17.250.000.

De esa manera, el reintegro de capital y el pago de intereses vencidos a mayo de 2023 fue por un total de 349.824.999 pesos. Eso es lo que reclama UPCN, por lo que acudió a la Justicia Civil.

Ahora, ¿cómo eran los roles? Wenance era el fiduciante, el que generó la cartera de créditos y los otorgó a terceros. Así, transfirió esos préstamos al fideicomiso, los que tomó Promotora Fiduciaria y los transformó en títulos valores.

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Los inversores, como UPCN, son los que compran y tienen esos títulos valores. Entonces, a medida que los deudores van pagando los créditos originales (los que originó Wenance), esos recursos son usados por el fiduciario (Promotora Fiduciaria) para pagarles los intereses a los inversores y, finalizado el plazo, devolver el capital, explicaron las fuentes.

Ahora, los títulos valores estaban respaldados por los bienes del fideicomiso, es decir, la cartera de créditos. Evidentemente, falló la gestión de cobro de los préstamos iniciales, que eran la fuente de ingresos del fideicomiso, entre otros motivos.

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En otras palabras, la mecánica de Wenance era prestarle dinero (así nació la empresa antes de pasar a ser una Fintech) a personas no bancarizadas, a los que les cobraban altos intereses. En la otra punta del sistema, captaban inversores y ahorristas a los que les prometían rendimientos por encima de lo que brindaba el mercado, a través de fideicomisos que no estaban bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores.

Entre las causas de la caída de Wenance, se encuentra el alto nivel de morosidad en el pago de los préstamos, que se habían orientado a la compra de motos y electrodomésticos.

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A través de su abogado, UPCN le apuntó a Promotora Fiduciaria y el juez Humberto Conti, del Cuarto Civil, le hizo lugar y dispuso que esa empresa abone los casi 350 millones de pesos al momento de la ejecución de la sentencia, es decir, cuando quede firme, más la aplicación de intereses de la tasa activa del Banco Nación desde el vencimiento de cada obligación hasta su efectivo pago.

El magistrado entendió que Promotora Fiduciaria debía ejercer la propiedad de los bienes del fideicomiso (la cartera de créditos) y procurar que se hicieran “debida y puntualmente” los pagos a los tenedores de los títulos valores, es decir, a los inversores.

Por eso, Conti llegó a la conclusión que “Promotora Fiduciaria es responsable de los incumplimientos que se le atribuyen, no sólo porque tal responsabilidad tiene origen legal” (a través de la regulación de los fideicomisos financieros en el Código Civil), “sino también contractual”, en base al contrato que establece el pago de los valores fiduciarios.

Promotora Fiduciaria apeló y la causa recayó en la Sala III. En la resolución, el juez Noguera sostuvo, en líneas generales, que tanto el contrato como el Código Civil establecen que, cuando se crea un fideicomiso, los bienes “constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante”, en este caso, Wenance y Promotora Fiduciaria.

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De hecho, el propio Código indica que “los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son satisfechas con los bienes fideicomitidos”. Por eso, el camarista resaltó que “el fiduciario no puede ser obligado a responder con sus propios bienes por obligaciones contraídas en el ejercicio del fideicomiso, salvo dolo o culpa acreditadas”.

Así, ahondó en que “resulta certero que el fiduciario, en este caso, Promotora Fiduciaria, no responde personalmente por la deuda reclamada, salvo que se demuestre que actuó con dolo o con culpa grave. En ninguna parte de la demanda, la actora aduce y prueba dicha circunstancia”.

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Inclusive, agregó que “en el contrato se prevé un procedimiento ante la falta de pago de los servicios de deuda, el que consiste en convocar a una asamblea de tenedores (los inversores), donde se tiene la facultad de decidir si se debe liquidar elpatrimonio para pagar las deudas a todos los acreedores (...) Por lo que el planteo del actor contra el patrimonio del administrador resulta improcedente”.

El voto de Noguera contó con la adhesión de su colega Pérez, mientras que el de Rodríguez se inclinó por rechazar la apelación de Promotora Fiduciaria y, por lo tanto, darle lugar al reclamo de UPCN.

Muszak, el cerebro de Wenance, tiene múltiples frentes judiciales. La investigación en su contra en Córdoba ya finalizó y sólo falta que se fije la fecha de juicio, a la vez que hay una causa paralela en el Juzgado Federal de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Incluso, desde Uruguay anunciaron que pedirán su extradición, ya que se comprobó que se giró dinero desde las cuentas de la filial de ese país hacia la casa matriz de Wenance.