La imputación de un perjuicio de $19 millones por obras de veredas, lo que provocó el estallido de Baistrocchi

Tras analizar el ejercicio 2023 del municipio de la Capital, el Tribunal de Cuentas le imputó un perjuicio patrimonial, según la definición de la ley, al exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, y otros dos exfuncionarios por unos 19 millones de pesos. Según fuentes calificadas, se produjo un procedimiento administrativo presuntamente irregular en una obra de reparación de veredas, en la que la empresa solicitó tres prórrogas de plazos de ejecución y que las autoridades se las concedieron, cuando, en realidad, no debían hacerlo porque no se ajustaban a lo que indica la normativa que regula la obra pública. Una es insólita: la compañía pidió tiempo porque había elecciones.

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No sólo eso, sino que la firma pidió una redeterminación de precios debido a la extensión del período de obra, el que comprende, encima, las prórrogas que había planteado. Así, la anterior gestión capitalina pagó esos mayores costos que no correspondían, los cuales ascendieron a los 19 millones de pesos, que son los que les imputan a las exautoridades.

Baistrocchi ya fue notificado de la resolución del organismo de control del gasto público y salió a poner el grito en el cielo. En declaraciones radiales, apuntó contra los “uñaquistas” que integran el Tribunal, como el presidente Pablo García Nieto y el vocal permanente Juan Flores, a los que calificó como los “caniches” de Uñac. Su embestida se basó en que, como se fue del PJ peleado con el hoy senador, quien fuera su mentor, hay una persecución en su contra.

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¿Usa la estrategia de victimizarse para cubrirse ante posibles irregularidades? En el Tribunal hay gente que sostiene que sí. De hecho, las fuentes aseguraron que la resolución salió por unanimidad. Es decir, no sólo tuvo el voto de García Nieto y Flores, sino, también, del vicepresidente Elio Frack (que viene del palo giojista) y los vocales transitorios Enrique Conti y Daniel Pérez, ambos de origen bloquista, aunque el primero de la línea disidente y, el segundo, de la estructura oficial del presidente Luis Rueda.

En declaraciones radiales, el ex jefe comunal explicó que, en 2023, se ejecutó una obra de más de 500 millones de pesos para la reparación de veredas en el microcentro y que la empresa encargada solicitó una ampliación de plazos para finalizarla. “Los contadores del Tribunal lo consideraron irregular porque, según ellos, debió haberse previsto con antelación. Pero esto es algo absolutamente normal en la ejecución de obras públicas y no representa ninguna ilegalidad”, sostuvo.

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Sin embargo, las fuentes explicaron que el cargo se generó por otros motivos. Antes que nada, el plan se trató de la recuperación de veredas, tapas de arbolado y reparación de rampas de accesibilidad, además del arreglo de cordón zapata en zona del microcentro. El presupuesto oficial fue de poco más de 360 millones de pesos, de acuerdo a lo que se informó en su momento, aunque es lógico que el monto se incremente debido a la escalada inflacionaria del momento.

Ahora, en la ejecución de la obra, trascendió que la empresa solicitó tres prórrogas. Una de ellas se debió a que el proveedor no contaba con las baldosas para la reparación de las veredas. Según las fuentes, se trató de un problema atribuible a la compañía, no al municipio, por lo que indicaron que dicha extensión no correspondía, de acuerdo a la normativa que rige a la realización de obras públicas.

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La otra prórroga se pidió porque la empresa sostuvo, en líneas generales, que no podía trabajar porque había elecciones. Es cierto que en 2023 hubo cinco comicios (dos provinciales y tres nacionales), pero, ¿qué tipo de impedimento es ese para no llevar adelante un trabajo? El tema es que la administración de Baistrocchi se la concedió, al igual que una tercera extensión de la que no trascendieron los motivos, pero que también incumplía con los requerimientos legales.

Encima, la compañía argumentó como había pasado un determinado tiempo, prórrogas mediante que había solicitado, plantearon el tema de mayores costos, una redeterminación de precios, que la pasada gestión capitalina terminó convalidando. La diferencia no fundamentada administrativa y legalmente fue de 19 millones de pesos que pagó el municipio.

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Tras la notificación, el exintendente cuenta con un plazo de 15 a 30 días para hacer su descargo, es decir, presentar toda la documentación que crea conveniente para justificar la erogación. Si lo logra, zafa del cargo, que no es otra cosa que una imputación, una especie de sospecha frente a un procedimiento irregular, y la cuenta 2023 es aprobada.

Ahora, si no subsana el cargo, el organismo lo declarará responsable del perjuicio patrimonial y deberá devolver la plata de su bolsillo. En ese hipotético caso, cuenta con la posibilidad de pedirle al Tribunal que reconsidere su decisión. Si sufriese otro revés, tiene la chance de apelar ante la Corte de Justicia. Si recibiese un fallo en contra, Fiscalía de Estado es la encargada de cobrar el dinero.

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De acuerdo a las fuentes, además de la formulación de un cargo, el organismo de control también le marcó tres reparos, que son observaciones formales “frente a procedimientos administrativos irregulares que no deriven en perjuicio administrativo patrimonial”. O sea, este último no conlleva un reintegro de plata, a diferencia del cargo, ya que ahí está la presunción de un perjuicio en las arcas públicas.

La imputación del cargo no solo fue contra Baistrocchi, ya que también están incluidos el exsecretario de Obras y el exfiscal Adjunto Municipal, Fabrizio Oieni, destacaron las fuentes.

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En sus declaraciones radiales, el exintendente señaló que va a recusar a García Nieto y Flores “son íntimos amigos de una persona (Uñac) con la que tengo diferencias políticas profundas”, por lo que expresó que “existe una presunción razonable de que pueden fallar de manera parcial”.

No obstante, las fuentes explicaron que la ley que regula el funcionamiento del organismo de control establece que “la recusación debe ser deducida por el interesado en la primera presentación ante el Tribunal de Cuentas”. Esa “primera presentación”, entienden las fuentes, se produjo cuando se lo notificó de la integración del organismo, la que no se cuestionó en su momento, por lo que un planteo en esta instancia va destinado a ser rechazado.