En la Cámara Penal eluden la embestida del Ministerio Público y aseguran que los fiscales también tienen datos de los juicios por corrupción

Los fiscales de juicio le habían solicitado a los jueces de la Cámara Penal que les comunicaran sobre cuántas causas hay por delitos contra la administración pública o corrupción con el viejo sistema de investigación. La respuesta no solo no conformó, sino que en Fiscalía fue considerado como una negativa a brindar tales datos. De hecho, el jefe del Ministerio Público, Guillermo Baigorrí, le pidió a la Corte de Justicia que intercediera para obtener la información, además de que, en el escrito, deslizó críticas a los magistrados.

En la Cámara Penal no hubo una voz oficial que hablara del tema, pero fuentes judiciales indicaron que sorprendió la movida. Resaltaron que, en la contestación, se pusieron a disposición de entregar cualquier dato de las causas, siempre que les indiquen el número y la carátula correspondiente, dado que los fiscales también deben tener información de los expedientes.

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En ese marco, las fuentes explicaron que, bajo el sistema penal anterior al acusatorio, los fiscales de primera instancia eran los encargados de realizar el llamado requerimiento de elevación de la causa a juicio. Por eso, señalaron que en Fiscalía deben contar con la documentación de todos esos expedientes que fueron a la Cámara para que se haga el debate oral y público, dado que un representante del Ministerio Público intervino en  los casos que están bajo trámite en la parte final de un proceso judicial.

Sobre el impacto de la medida del fiscal General, hay fuentes que afirman que no hay molestia en la Cámara Penal, aunque otras reconocieron que no cayó bien. A su vez, en el Ministerio Público hubo malestar porque entendieron que hubo reticencia a la hora de proporcionar información.

Fueron los fiscales de Cámara Silvina Gerarduzzi, Marcela Torres y Daniel Galvani los que solicitaron el informe de los delitos contra el Estado a los miembros de la Cámara, presidida este año por Juan Bautista Bueno e integrada por Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe.

La respuesta se dio el pasado 20 de marzo, en la que los camaristas ya manifestaban sus posturas. En el escrito, señalaban que, “en todos los procesos judiciales” que se tramitan en la Cámara, “ha tenido y actualmente registra obligada intervención el Ministerio Público, ya sea por parte de los fiscales de primera instancia o los fiscales de Cámara y, por ende, con pleno conocimiento de aquellas causas por delitos contra la administración pública”.

Es decir, ya estaban adelantando que los fiscales debían tener un registro de tales expedientes por la actuación de los propios funcionarios judiciales. Sin embardo, en la Cámara le indicaron a los representantes del Ministerio Público que, “con el objetivo en prestar un adecuado servicio de Justicia, les solicitamos especifiquen con el número y carátula correspondiente” los procesos que querían revisar.

La respuesta no fue la que esperaban en Fiscalía, ya que Baigorrí expuso en su nota a la Sala Tercera de Superintendencia de la Corte que el resultado fue negativo, en cuanto a la solicitud de pedir un informe de los juicios por corrupción. De hecho, les recordó a los camaristas que, sobre la Cámara, “recae la obligación de registrar la totalidad de las causas que bajo su competencia son tramitadas, por lo que la información fidedigna, precisa y confiable debe estar en su poder”.

No fue lo único, ya que hizo hincapié en dos artículos del Código de Ética Judicial, los cuales le “impone a los jueces el deber de promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la administración de Justicia, como, también, el deber de documentar todos los actos de su gestión y permitir su publicidad”.

Además, remarcó que el pedido se basa en que el mismo Código Procesal Penal establece como prioridad de investigación a la investigación de delitos contra la administración pública.